5 preguntas incómodas sobre el nuevo decreto que prohíbe maíz transgénico y glifosato

El nuevo decreto que prohíbe la importación de maíz transgénico (sin dar una fecha precisa) y el glifosato (para marzo de 2024), publicado el 13 de febrero pasado, plantean una serie de interrogantes comprometedoras a la 4T y que surgen a la luz de la exigencia que el gobierno de Estados Unidos hizo a México para que se justificara, basados en evidencia científica, la política prohibicionista de la 4T. Las preguntas son las siguientes:

1. ¿Por qué si desde el decreto de 2020 que prohibía la importación de maíz amarillo, y que el nuevo decreto ratifica, la 4T no aumentó la producción de este tipo de maíz? ¿Qué factores explican que no hemos podido aumentar su producción?

Los datos del “Panorama Agroalimentario 2022” (con datos para el 2021) de la Sader nos indican que la 4T NO ha superado la producción de maíz amarillo que el país tuvo en 2018 (17.4 millones de toneladas) y de hecho la bajó en 2019 en 2 millones de toneladas. En 2021, apenas llegó a 17.2 millones y el año pasado volvió a quedar en 15 millones de toneladas. El año pasado, las compras mexicanas de maíz amarillo estadounidense crecieron 76% a un monto récord de 4,717 millones de dólares, de modo que la 4T se ha visto obligada a gastar millonadas ante la falta de producción de este tipo de maíz. ¿Qué factores explican esta situación?

La corrupción, ineficiencia y falta de rendición de cuentas pueden ser un factor. El informe de la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, nos dice que el programa “Producción para el Bienestar”, a cargo del subsecretario para la “Autosuficiencia Alimentaria” (así entre comillas porque, el país va en sentido contrario al nombre de su cargo) desde que fue creado en 2019 ha tenido aumentos de 8.5% de su presupuesto, pero que la producción de 60% de los cultivos y productos elegibles (como maíz y frijol) disminuyeron 5.3% en el mismo período.

La misma ASF reportó también que “la estrategia de acompañamiento técnico” a los pequeños y medianos agricultores y que es la que supuestamente opera la “transición agroecológica” en el país, benefició solo a 1.7% del total de los productores apoyados. A ese paso, la famosa transición será de carácter geológico, más que agrícola. Y, por si todo esto fuera poco, la ASF también detectó que se otorgaron subsidios a mil 459 productores beneficiarios por 8.3 millones de pesos que fallecieron entre 2015 y 2021. Es decir, los controles del gasto de la 4T en este programa dejan tanto que desear, como la ansiada autosuficiencia alimentaria.

2. ¿Existen agroquímicos “más seguros para la salud” que el glifosato”? La pregunta se deriva del artículo quinto del nuevo decreto donde nos dice que “con el propósito de disminuir el posible impacto de la sustitución gradual del uso del glifosato en la agricultura”, la SADER y SEMARNAT “podrán incluir el uso de otros agroquímicos seguros para la salud”.

Si esto es cierto, ¿por qué ni el Conacyt ni la Cofepris nos han dicho cuáles son esos agroquímicos “más seguros”? De hecho, en el catálogo de plaguicidas 2016 la misma Cofepris tenía catalogado al glifosato como de baja toxicidad y estaba clasificado como “no carcinogénico” ¿qué estudios realizó para que ya no lo considere así? ¿Por qué se sigue usando glifosato en Estados Unidos, Canadá, Australia y la Unión Europea a pesar de toda la polémica que ha generado este herbicida?

3. Si la salud es el criterio básico para la prohibición del consumo de maíz transgénico para consumo humano ¿por qué a la Cofepris lo autoriza para consumo animal? ¿Acaso hay un proceso misterioso por el que el consumo de carne de res, de puerco o de huevo producido por pollos alimentados con maíz transgénico mágicamente ya no tienen un daño a la salud humana?

4. ¿Por qué el criterio rector para justificar la prohibición de importar maíz transgénico no privilegia la salud? Porque en el artículo octavo se nos dice que “la implementación de alternativas para la sustitución gradual en el país de maíz genéticamente modificado para alimentación animal y de uso industrial para alimentación humana se deberá realizar con base en criterios de suficiencia en el abasto, en congruencia con las políticas de autosuficiencia alimentaria del país” (que tienen poca congruencia porque ya vimos que aumentan presupuesto, pero bajan producción).

5. Por qué si desde el decreto de 2020 ya se nos decía que la prohibición de maíz transgénico se justificaba por razones de salud, ahora en el nuevo decreto, en su artículo octavo, se nos dice que la Cofepris “integrará un protocolo de investigación conjunta a efecto de que, bajo su coordinación, se realice por parte de dicha entidad y las instancias equivalentes de otros países un estudio sobre el consumo del maíz genéticamente modificado y los posibles daños a la salud”. ¿No se supone que ya existían los estudios científicos que prohibían la importación de maíz transgénico desde el decreto del 2020?

Con todas estas interrogantes, no es casual que la respuesta inicial del gobierno de Estados Unidos al nuevo decreto haya sido de “decepción”, pues simplemente siguen constatando que México sigue sin dar evidencias que justifiquen su política prohibicionista.

Estamos entrando en el período final, y más turbulento del sexenio, y la 4T tiene que asegurar la continuidad de su proyecto político y un lujo que ya no se puede seguir dando es precisamente pagar el costo de una política agropecuaria que ni aumenta la productividad de granos básicos, ni mucho menos podrá lograr la autosuficiencia alimentaria para el próximo año. ¿Será que los talibanes, con sus prejuicios e imposiciones, contribuirán a debilitar a la 4T?