Reprueba CNDH los hechos de violencia atribuidos a personas extranjero ocurridos en Tapachula, Chiapas
Este Organismo Nacional lamenta el fallecimiento de 3 personas, entre ellas dos policías municipales en cumplimiento de su deber y un civil de nacionalidad guatemalteca
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprueba los hechos de violencia ocurridos el 20 de febrero de 2019, en dos diferentes lugares del estado de Chiapas; el primero de ellos, en las inmediaciones del Mercado “San Juan” en el municipio de Tapachula, en el que perdieron la vida tres personas, entre ellas dos Policías Municipales de la localidad y un civil de nacionalidad guatemalteca, después de ser atacados con un arma de fuego por una persona, que según lo señalado por testigos de lo ocurrido, era de procedencia extranjera.
En la misma fecha, en el tramo carretero Suchiate-Tapachula un grupo de personas en contexto de movilidad, presumiblemente originarias de diversos países de Centroamérica, que caminaban rumbo a Tapachula, agredió lanzando piedras a personal del Instituto Nacional de Migración, ocasionando algunos lesionados y daños a los vehículos en que se transportaban.
La CNDH reitera la necesidad de que toda persona extranjera, incluidas las que integran las diversas caravanas que cruzan nuestro país, se conduzcan con respeto a las leyes mexicanas y se abstengan de ocasionar afectaciones o incurrir en conductas indebidas, tanto a su paso como durante su permanencia en territorio nacional.
Es importante resaltar que si bien el Estado mexicano tiene entre sus atribuciones respetar y proteger los derechos de las personas migrantes en cumplimiento a los compromisos internacionales sobre la materia, ello no implica que éstas puedan infringir las leyes o causar afectaciones a otras personas, por lo que cualquiera que cometa una falta administrativa o delito deberá, en su caso, ser investigada, procesada y sancionada conforme a derecho y con respeto irrestricto a sus derechos humanos.
La CNDH se solidariza con los familiares de las personas fallecidas y lesionadas y solicita a las autoridades competentes que lleven a cabo una investigación amplia, exhaustiva y profesional sobre ambos incidentes, en la que se consideren y salvaguarden los derechos de las víctimas y de sus familiares.