Llama CNDH a autoridades de Guerrero dar respuesta a 300 víctimas de desplazamiento forzado interno que acampan frente al palacio nacional
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicita a las autoridades federales y del estado de Guerrero que de manera urgente den respuesta a las cerca de 300 personas que permanecen en plantón frente al Palacio Nacional, quienes son víctimas de desplazamiento forzado interno de las comunidades del Corredor Filo de Caballos y Casa Verde, en el Municipio de Leonardo Bravo, y de Náhuatl de Tlamtempanaca, en el Municipio de Zitlala, en dicha entidad federativa, quienes demandan condiciones de seguridad para volver a sus lugares de origen.
Personal de este Organismo Nacional ha brindado acompañamiento a esas personas que permanecen en dicho lugar desde el pasado día 17 del presente mes, entre quienes hay aproximadamente 84 niñas y niños que, además mujeres y personas mayores, están expuestas a situaciones de mayor vulnerabilidad que pudieran afectar gravemente su salud y alimentación, además de que han interrumpido sus actividades cotidianas y pueden enfrentar mayores riesgos de no atenderles de manera inmediata en la protección de sus derechos fundamentales.
Visitadores adjuntos de la CNDH entrevistaron a dichas personas, quienes expresaron su necesidad de pronta respuesta de las autoridades federales para la solución de su problema y para hacer frente a las situaciones de riesgo que enfrentan, con el fin de que puedan retomar su vida cotidiana en sus lugares de origen. Señalaron que la ampliación de la queja y expresión de testimonios las harían por escrito y las remitirían a esta Comisión Nacional.
Desde la salida de esos pobladores de sus comunidades de origen, en noviembre de 2018, la CNDH inició una investigación de oficio y solicitó medidas cautelares al entonces Comisionado Nacional de Seguridad y a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero para que garantizaran la integridad física y la seguridad personal de los habitantes de los municipios de Leonardo Bravo y General Heliodoro Castillo, así como para que se garantizaran las condiciones de certidumbre, paz y tranquilidad ante cualquier eventualidad que pudiera generarse con la incursión de la policía comunitaria en esos lugares.
Las medidas cautelares fueron aceptadas por las autoridades, quienes informaron sobre la implementación de acciones para la protección de los habitantes de las citadas localidades, mediante a intervención de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno estatal.
