Modificarán leyes para fijar límites y alcances de autoridad frente a desalojos

Diputados del PAN presentaron ya una propuesta de redacción al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, con el fin de evitar confusiones judiciales durante un desalojo y así garantizar el derecho a la propiedad privada estableciendo los alcances de la autoridad durante estos procesos.

El contenido del artículo 60, relativo a desalojos, si bien ha sido sustantivamente mejorado con la aprobación de la Ley en el Pleno el pasado 7 de mayo, aún mantiene hipótesis ambiguas de tal manera que pareciera que el derecho humano a una vivienda adecuada, colisiona con otros derechos humanos como el de propiedad, el de posesión y el de administración de justicia pronta y expedita.

La diputada Margarita Saldaña Hernández, Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, indicó que la legislación actual es ambigua para el Poder Judicial, ya que el artículo antes citado, no deja claro quién es la autoridad competente para salvaguardar la integridad de las personas en situación de desalojo.

“Y por otro lado, deja en un grado de indefensión y compromiso muy fuerte al Gobierno de la Ciudad de México, porque los derechos son progresivos, pero tienen un piso de inicio y un límite”.

La forma en cómo está redactado este artículo, no permite tener certeza jurídica respecto a quién es la autoridad competente que, en la mayor medida de sus capacidades, debe garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos, en qué tipo de vivienda adecuada los realojará y en cuánto tiempo máximo se debe agotar el supuesto, para no paralizar los juicios de los que se tenga como consecuencia un desalojo.

Explicó que hay casos en donde los jueces no logran determinar una sentencia debido a lagunas jurídicas que benefician tanto al acusado como al titular de una propiedad, debiendo priorizar el derecho a la vivienda como lo marca el artículo 9 de la Constitución CDMX.

“Todos los procesos que puedan acompañar como el de mediación, como el de la intervención de la autoridad, que calificamos como Gobierno de la Ciudad de México, no deben de ser situaciones que entorpezcan el desarrollo de algún proceso judicial”.

Las aportaciones del GPPAN, señaló, son velar por el proceso de garantía de vivienda y que éste no tenga porqué interferir en rutas judiciales, es decir, si hay un juicio o demanda no deben mezclarse entre una y otra ni frenar su desarrollo o conclusión.

La panista advirtió que el Congreso CDMX está a buen tiempo de abrir un debate sobre este artículo de la mano con jueces, abogados y magistrados, con objeto de brindar certeza a las partes involucradas.

Cabe destacar que el pasado 17 de mayo la Diputada Margarita Saldaña presentó ante el pleno la iniciativa de reformas al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la CDMX.