Altos costos asociados al INE afectan el debate sobre su renovación

Las propuestas de reforma político-electoral que son discutidos en el Congreso de la Unión coinciden en lo costoso del Instituto Nacional Electoral (INE), un asunto que “afecta el debate sobre su renovación o reformulación”, sostuvo el doctor Enrique Cuna Pérez, investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al participar en la mesa de diálogo Reforma político-electoral 2019: ¿Hacia un sistema electoral menos costoso y centralizado? –organizada por el Laboratorio de Comunicación Política, el Departamento de Sociología y la coordinación de la Licenciatura en Ciencia Política de la Unidad Iztapalapa– dijo que los señalamientos sobre los salarios de los consejeros empañaron y afectaron de manera notoria el debate actual respecto del funcionamiento de ese organismo.

Hay grupos y voces bastante representativos en el Poder Legislativo que señalan los abusos y privilegios que se notan claramente en el tamaño de la estructura, pero sobre todo en los costos asociados a los ingresos; si bien en la década de 1990 y principios de 2000 se requería cierto nivel salarial para asegurar el funcionamiento, ahora –de acuerdo con la mayoría de iniciativas– “tenemos una institución técnica que ya no requiere esos altos sueldos, sin embargo el tema sigue presente”.

Una segunda manifestación de ideas que “empaña el debate actual” es el protagonismo de sus actores, que más que técnicos y especialistas que coadyuven en la aplicación de la ley sobre cómo podría transformarse el INE para generar mayores posibilidades a la transparencia técnica de las elecciones, se convirtieron en actores políticos.

Es decir, la actividad electoral está dotada de una politicidad tal que existen compromisos ligados a las trayectorias de los sujetos y, sobre todo, a las postulaciones y eso es “algo que se trata de limpiar”.

Un tercer momento relevante es la centralización, basada “en algo que parecen desconocer los legisladores, porque la principal objeción a ella en la reforma de 2014 fue que había que saber coordinar con los Organismos públicos locales (Oples), encargados de organizar las elecciones locales, lo cual –en ocasiones– suponía saber delegar, negociar y consensar”.

El debate entonces radica en el tema de la eficacia, esto es: “para qué coordinar y consensar si se puede centralizar”. Vale decir que muchos de los Oples son bastante rudimentarios y otros muy profesionales; empero de los 32 no todos están comprometidos con la profesionalización y la capacitación técnica de los procesos electorales, y “muchos son actores políticos, más que técnicos”.

Cuna Pérez advirtió que “yo no soy quién para decir si eso es bueno o malo”, pero en la mayoría de las iniciativas que he revisado está presente esta reflexión acerca del INE: ¿hacia dónde tendría que cambiar? “La respuesta política se está cocinando ya, porque urge que salga por los presupuestos de 2020”.

Además los partidos políticos “no son solamente maquinarias electorales, sino los principales y más importantes representantes de la sociedad civil, por lo que se debe dotar de mayor fortaleza a su capacidad de representación, obligándolos –al recibir financiamiento público– a cubrir sus funciones más básicas: movilización, educación, socialización y representación”.

Estas fuerzas se organizan con base en agendas con las cuales buscan alcanzar el poder, por lo que se debe pensar en dotarlas de suficientes mecanismos para garantizar el ejercicio pleno de sus facultades hacia los ciudadanos, como es fomentar la cultura cívica y abanderar sus demandas, pues la constitución de una cultura democrática que avale la participación y garantice la profundización de la democracia y las trayectorias de alternancia, competencia, justicia y equidad es corresponsabilidad de los partidos.

El maestro Mauricio Huesca Rodríguez, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, subrayó la necesidad de reflexionar, en el marco de la reforma electoral del presente año, sobre las aportaciones que desde lo local se está realizando para nacionalizar procesos y procedimientos electorales.

Este ciclo de mesas de diálogo fue inaugurado por el doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la Unidad Iztapalapa, quien expresó que desde la década de 1970 México ha tenido un conjunto de reformas políticas y electorales “que no hemos podido estabilizar” y urge un sistema político electoral absolutamente confiable donde todos los involucrados estén de acuerdo.

La democracia “nos ha costado muchísimo dinero”, por lo que la discusión en relación con el financiamiento de los institutos políticos es muy relevante, pero al mismo tiempo son entidades de interés público, por lo que “hay que preservarlas también”. En ese ámbito la universidad pública puede aportar mucho sobre estas reformas y sobre todo ahondar en la vida democrática del país.