Pueblos indígenas y afromexicano aportan desde su cosmovisión para definir derechos constitucionales

Ciudad de México, 7 de agosto de 2019.- En el segundo día de actividades del Foro Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano en el marco del Proceso de Consulta Libre, Previa e Informada para la Reforma Constitucional y Legal, representantes los 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano de todo el país se inscribieron en las 16 mesas temáticas para plantear sus propuestas.

El titular de la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y coordinador general de las mesas de trabajo, Hugo Aguilar Ortiz, destacó algunos de los temas que históricamente han sido torales para los pueblos, como su libre determinación y autonomía o la nueva relación con el Estado que ha tomado relevancia en el proceso de transformación nacional, donde se pretende establecer nuevos principios.

Precisó que la posibilidad de modificar el artículo 115 constitucional también ha entrado en intensos debates entre las y los asistentes, porque se trata de establecer o regular expresamente al municipio indígena, como sucede en el caso de Ayutla de Los Libres, Guerrero y Oxchuc, Chiapas, así como en 417 municipios de Oaxaca.

El especialista adelantó que, después de cerrar las mesas de trabajo y presentar los resultados finales tras la realización de 55 foros regionales y el nacional, se habrán de construir acuerdos y consensos globales y conformar una comisión que tendrá la encomienda de entregar al presidente Andrés Manuel López Obrador el documento de conclusiones para solicitar el inicio del proceso correspondiente ante el poder Legislativo.

Por su parte, el director de asuntos internacionales del INPI, y moderador de la mesa de pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, Saúl Vicente Vásquez, destacó la importancia de que sean las autoridades municipales indígenas quienes puedan recibir de manera directa recursos públicos y decidir con apego a sus formas comunitarias, como el hecho de priorizar y aplicar los programas en beneficio de la ciudadanía.

Contar con un territorio, un sistema de gobierno, una estructura de organización y representación, un conjunto de normas que regulen la pertenencia y resolución de conflictos, así como reconocer la identidad cultural de los pueblos, son otros elementos constitutivos de la propuesta de reforma constitucional de los pueblos como sujetos de derecho público, explicó.

Agregó que se ha planteado incorporar en el artículo segundo de la Constitución el concepto de instituciones jurídicas públicas, sociales, económicas y políticas de los pueblos indígenas, así como el reconocimiento del principio del pluralismo político, es decir, la diversidad de métodos en que las comunidades originarias de México eligen a sus autoridades.

En la mesa del pueblo afromexicano, las representaciones de la Costa Chica en los estados de Oaxaca y Veracruz entraron al análisis de que, si bien es cierto que los primeros afros llegaron a México en contra de su voluntad, también lo es que han adquirido el derecho a ocupar sus territorios.

Por otra parte, el coordinador de varias mesas temáticas, Marcelino Díaz de Jesús, refirió que, en la mesa de tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los pueblos indígenas, se lucha por reivindicar la certeza en la tenencia de la tierra para evitar que sigan ocurriendo despojos en contra de los pueblos y, además, para rescatar las extensiones que les han arrebatado.

Reconoció que existe temor por los grandes megaproyectos y al mismo tiempo se pugna por el resarcimiento de los daños causados por el desplazamiento de comunidades y daños ambientales por proyectos estratégicos ya establecidos. Ello, mediante reformas a los artículos 2 y 27 constitucionales, lo que permitirá fortalecer la figura de la asamblea general de ejidatarios y comuneros.

Díaz de Jesús subrayó que devolver el carácter de imprescriptible, inalienable e inembargable a los territorios ejidales y comunales, como estaba asentado antes de la reforma salinista de 1992, tiene que ir por delante en la nueva reforma para garantizar la autonomía territorial de los pueblos y comunidades, pero, sobre todo, para que las y los indígenas sean los verdaderos dueños de sus tierras.

El diálogo continuará este 8 de agosto en el tercer y último día de trabajo del Foro Nacional, en el que se expondrán los resultados obtenidos en cada una de las mesas temáticas y se someterá a la aprobación el documento consolidado de Principios y criterios para la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.