El caso deriva de los hechos ocurridos el 4 de junio de 1994, en que las hermanas Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez, indígenas tzeltales, fueron detenidas para interrogarlas; se les mantuvo privadas de su libertad, separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones.

“A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por haber sido detenidas ilegalmente, violadas y torturadas sexualmente. Fueron condiciones de vulnerabilidad las que establecieron que se violaran impunemente los derechos humanos y la dignidad de Ana, Beatriz, Celia González Pérez y también a su madre, Delia Pérez”, expresó la secretaria de Gobernación.

Durante el acto en el que estuvieron presentes el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Cruz Escandón Cadenas y el presidente municipal de Ocosingo, Jesús Alberto Oropeza Nájera, señaló que el Estado mexicano a través de Gobernación asume la responsabilidad por un hecho que evoca exigencias pendientes, entre ellas, la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas a quienes reiteradamente se ha fallado en garantizar sus derechos individuales y colectivos.

Además de reconocer el abandono institucional y la marginación social a las que han estado sometidas las comunidades de los pueblos indígenas por parte del Estado mexicano, que ha colocado en una posición de extrema vulnerabilidad a las mujeres y niñas indígenas de este país.

Previo al acto de disculpa pública, la titular de Gobernación firmó como testigo de honor junto con el gobernador de la entidad, un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones que hizo la CIDH sobre el caso de las hermanas González Pérez.

La secretaria Olga Sánchez Cordero calificó como un acto de justicia y aseguró que después de muchos años finalmente se suscribe un compromiso del gobierno por el que concretamente se está dando el acceso a la justicia, a la verdad con la investigación y se está haciendo una reparación del daño y la garantía de no repetición.

Destacó la relevancia de este acto para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual representa el cumplimiento de la Recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de reparar adecuadamente a las mujeres indígenas por las violaciones de los derechos humanos.

Añadió que el presidente está en la mejor disposición de cumplir todas las recomendaciones y todas las resoluciones de la Corte Interamericana”.

“Nunca más ni una niña ni una mujer más, sobre todo si son indígenas. Esta violencia que vivieron no puede repetirse”, refrendó al subrayar que la disculpa pública obedece a la falta de investigación y de búsqueda de justicia, así como por la falta de reparación a las víctimas.

La secretaria de Gobernación resaltó el trabajo del subsecretario Alejandro Encinas, pues “sin su intervención y sin su compromiso este acto no hubiera sido posible”.

Por su parte, el subsecretario Alejandro Encinas reiteró que el Estado mexicano reconoce la violación de los derechos humanos, que presumiblemente se derivaron de la participación de estas mujeres en el movimiento indígena de 1994.

“De estos indignantes hechos han transcurrido 25 años de impunidad, incluyendo 18 años desde que la CIDH emitió sus conclusiones y recomendaciones sobre este caso”.

Estuvieron presentes representantes y defensores de los derechos de las hermanas González Pérez y su madre, entre otros.