CNDH emite recomendación general para el combate a la obesidad infantil

La omisión de autoridades federales, estatales y municipales respecto de sus obligaciones convencionales, constitucionales y legales en materia de protección y garantía integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que han propiciado el incremento del sobrepeso y obesidad infantil dio origen a la Recomendación General 39/2019 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya que son vulnerados los derechos a la vida, la supervivencia y el desarrollo; de prioridad, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; a la protección de la salud, a la alimentación adecuada, al agua y al saneamiento; a la educación, al acceso a la información y participación; a un medio ambiente adecuado; al descanso y esparcimiento; a la cultura física y al deporte, y al principio del interés superior de la niñez y adolescencia.

Respecto de los problemas que representan sobrepeso y obesidad infantil, la CNDH considera que en niñas, niños y adolescentes constituyen una emergencia epidemiológica y un problema de derechos humanos que compromete su desarrollo integral; que se responsabiliza a niñas, niños y adolescentes y sus familias por el incremento del sobrepeso y obesidad, sin considerar las obligaciones de las autoridades en la protección de sus derechos; que las autoridades federales han sido omisas en diseñar e implementar políticas públicas integrales con perspectiva de derechos de niñez y adolescencia para prevenir, atender y eliminar el sobrepeso y obesidad infantil, así como también han sido omisas en privilegiar el interés superior de la niñez y adolescencia en sus actuaciones, propiciando el incremento de la prevalencia de dichos problemas en el país, y que la regulación vigente en materia de publicidad de alimentos y bebidas con alto contenido calórico dirigidos a la población menor de edad contraviene los derechos de la niñez y la adolescencia y no considera su interés superior.

Así lo expresó el Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, al presentar la Recomendación General 39/2019, y subrayó que las evidencias documentadas en la misma constatan que el Estado mexicano ha incurrido en diversas omisiones respecto del cumplimiento y garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, debido a la falta de acciones integrales y con perspectiva de derechos, para la prevención, control y eliminación del sobrepeso y obesidad infantil, lo que ha propiciado el incremento de su prevalencia.

Explicó que de acuerdo con el CONEVAL 2014, el 27.6% de la población menor de 18 años presenta carencias en el acceso a alimentación; el 16.2% no cuenta con acceso a servicios de salud; 24.8% carecía de servicios básicos en su vivienda, y 8% presentaba rezago educativo, lo cual resulta relevante debido a que el acceso a alimentos saludables y de calidad, el cuidado de la salud y las decisiones sobre qué productos consumir dependen en gran medida de las posibilidades económicas de las familias y de que se cuente con acceso a servicios de salud y educativos que permitan a las personas tomar elecciones saludables.

En su oportunidad, la Coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia, Cinthya González Téllez Girón, expuso que de acuerdo con datos de la CEPAL 2014, los costos del sobrepeso y obesidad para el sistema de salud mexicano alcanzaron los 6,134 millones de dólares, equivalentes al 17.5% del gasto público de salud de ese año, y que para 2050 el costo podría elevarse a más de 10,000 millones de dólares, debido a que la malnutrición por exceso tiene un costo diez veces mayor a la malnutrición por déficit, y estima que para 2030 se registrará en México un incremento del 28% en el número de muertes asociadas a la obesidad, y respecto de las políticas públicas y estrategias implementadas para su atención indicó que es necesario profundizar las iniciativas tendentes a reducir su prevalencia.

Ante ello, la CNDH enfatiza que se deben garantizar, entre otros aspectos, la seguridad alimentaria, el acceso a alimentos a un costo asequible, la disponibilidad de agua potable, el fomento a la lactancia materna y regulación de los sucedáneos de leche materna; asimismo, aplicar medidas fiscales y normativas que regulen el ingreso de alimentos calóricos en las escuelas y otros espacios donde concurren personas menores de edad, y restringir la publicidad de los mismos, especialmente ante las principales dificultades para acceder a una alimentación saludable, entre las que están la falta de recursos de las familias para adquirir frutas y verduras (50.4%), la falta de conocimiento (38.4%) y el tiempo para preparar alimentos saludables (34.4%).

Por todo lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomienda a todas las autoridades destinatarias de la Recomendación General 39/2019 impulsar la suscripción de convenios entre instancias federales, estatales y municipales para atender sobrepeso y obesidad infantil; instrumentar acciones para el establecimiento de objetivos específicos y estrategias a corto plazo para la prevención, atención, control y eliminación de esos problemas; diseñar e implementar políticas públicas, programas, estrategias, procedimientos, servicios, mecanismos de cumplimiento, protección y garantía de los derechos a una alimentación adecuada y la protección de salud; e intensificar esfuerzos para coordinar los trabajos de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes federales y locales, para potenciar el impacto de las medidas de prevención, control, atención y eliminación del sobrepeso y obesidad que se ejecuten en todo el país.

Al Secretario de Salud se le recomienda en específico modificar o desarrollar la normatividad adecuada para establecer que los criterios nutrimentales que deben cumplir los alimentos y bebidas se ajusten a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A las y los integrantes del Congreso de la Unión y al Secretario de Hacienda y Crédito Público les pide atender las recomendaciones de la OMS relativas a establecer un impuesto de 20% al consumo e importación a las bebidas de alto contenido energético o que contienen azúcares añadidas o sustitutos de azúcares potencialmente dañinos para la salud.

A los Secretarios de Salud y de Educación, y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se les solicita, previo diagnóstico de resultados, modificar los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional, en materia de protección de la salud e integridad del alumnado.

Asimismo, a las y los integrantes del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de las entidades federativas; la Gobernadora y los Gobernadores y a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se les demanda elaborar una iniciativa de Ley General y Leyes Locales en materia de nutrición y alimentación de niñas, niños y adolescentes reglamentaria del artículo 4° Constitucional y los correspondientes de los ordenamientos locales.

A la Secretaria de Economía se le pide garantizar que la revisión, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de modificación a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 especificaciones federales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasado, información comercial y sanitaria sea acorde con los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La Recomendación General 39/2019, que ya fue debidamente notificada a las y los destinatarios, puede ser consultada en la página www.cndh.org.mx