La participación política es un derecho y no una concesión: Claudia Zavala

La participación política de las mujeres es un derecho y no una concesión, señaló la Consejera Claudia Zavala Pérez, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), al participar en la Mesa “Violencia Política. Violencia Electoral”, celebrada en la Cámara de Diputados.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres, la Consejera insistió que el país necesita que los actores políticos sepan que existen consecuencias al ejercer violencia política.

“Necesitamos que exista una consecuencia de un actuar que no debemos tolerar. El Estado y sus instituciones están obligados a generar las condiciones para proteger a las mujeres en política”, puntualizó.

La Consejera mencionó que el encuentro de instituciones como el INE, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y la Cámara de Diputados en el seminario, fomenta el diálogo sobre la violencia en razón de género lo cual permite visibilizarla.

“La conmemoración del día internacional de la no violencia nos da la oportunidad de llamar la atención de las instituciones, el Estado y la sociedad sobre temas coyunturales, como éste, con el objetivo de se tomen medidas eficaces sobre la problemática”, dijo Zavala.

Zavala Pérez dio cuenta del trabajo que las autoridades electorales realizan para enfrentar el tema, señalando que la violencia política contra las mujeres ha sido más visible a partir de la adopción de acciones efectivas, para proteger la participación femenina en los cargos de toma de decisiones, sin embargo, “la igualdad numérica no se ha traducido en igualdad cualitativa”, sentenció.

Externó que autoridades como el INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) recibieron, a nivel federal, 38 casos de violencia política, de los cuales únicamente siete fueron abiertos a investigación. A nivel Local, se recibieron 102 casos en 21 entidades federativas. Estados como Puebla, Guanajuato, Ciudad de México y Oaxaca son los que registran mayor violencia política en razón de género.

Asimismo, informó que, en 2018, 16 mujeres fueron asesinadas por violencia política. En algunos casos la respuesta de las autoridades fue inmediata, lo cual, dijo, permitió el pleno ejercicio de sus cargos, sentando así precedentes en la materia.

La Consejera también habló sobre los retos que enfrenta el tema, entre ellos, la ausencia de un marco normativo que defina a la violencia política, lo cual propicia que el tema se complejice. Por lo anterior, señaló que es indispensable una mayor coordinación entre todas las autoridades competentes y generar sinergias en la adecuada atención de víctimas.

“Debemos tanto a nivel federal como local, llevar registros de las denuncias, personas denunciadas, conductas y avances de los casos, para armonizar la protección de los derechos político electorales”.

Finalmente, mencionó que las instituciones del Estado están obligadas a capacitar a hombres y mujeres en el tema y evitar que se reproduzcan modelos y conductas violentas que afectan a la sociedad.

“Las mujeres no podemos seguir siendo excluidas de los cargos de toma de decisiones, porque esta exclusión lesiona la credibilidad de las instituciones generando así un clima adverso en los procesos electorales, enfatizó Zavala Pérez.

En la citada mesa, también participó Carlos Ferrer Silva, Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, quien coincidió con la Consejera Electoral en que se debe crear una base de datos para registrar los casos de violencia política.

El también secretario técnico de la Comisión de Quejas del INE, manifestó que una sociedad que aspira a ser democrática, debe tener igualdad sustantiva, efectiva y genuina entre hombres y mujeres, en los cargos de toma de decisiones, sin embargo, expresó que algunos actores del juego democrático han faltado al principio de igualdad.

En su intervención, Ferrer Silva subrayó que se debe identificar qué sí es violencia política y qué no, para no trivializar o hablar con ligereza del tema, porque estas acciones le restan importancia al mismo, “el estado ideal en democracia es que la violencia política en razón de género no sea un tema”.

Manifestó que lo que no es violencia en razón de género también debe resaltarse; es decir, existen otros principios como la libertad de expresión, que se confunden con violencia política, por lo que actores políticos realizan quejas frívolas sobre expresiones que, en el debate político, no se consideran violencia. “No limitemos la libertad de expresión, porque ésta enriquece a la ciudadanía, a las fuerzas políticas y a la democracia”.

Insistió que en el caso de las mujeres que juegan en política, deben identificar que el juego democrático presupone un debate público que incluye expresiones fuertes, pero no violentas. “Es fácil caer en el exceso, seamos cuidadosos”, insistió Ferrer.

El papel del INE en el tema, se ha asumido con absoluta seriedad y de manera frontal, lo ha interiorizado y ha suscrito un protocolo al respecto, pero sobre todo ha detenido de manera frontal la violencia política en razón de género cuando se ha detectado. El Instituto ha asumido una posición seria y comprometida del tema, dijo el funcionario electoral.

Señaló que los retos que tiene la sociedad para erradicar esta problemática social son: fomentar la cultura de la denuncia; realizar campañas de información para dar a conocer derechos e instancias autorizadas para atender el tema; robustecer la confianza en las autoridades electorales, así como sensibilizar y capacitar a los funcionarios en la identificación y tratamiento del problema y, finalmente dar seguimiento a los casos para que no queden en letra muerta.

Esta primera mesa contó con las exposiciones de Mauricio Huesca Rodríguez, Consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México y del Diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, Secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

El evento inaugural, estuvo a cargo de las Diputadas Wendy Briseño, Sandra Paola González Castañeda, Aleida Alavez Ruiz, así como del Diputados Hugo Christian Rosas de León; legisladores y legisladoras coincidieron que es el momento en que el Estado mexicano debe reconocer el tema como un problema urgente y desarrollar acciones que generen cambios profundos para combatir la violencia de género.

El seminario estuvo organizado por la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) y el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG).