OPINIÓN | Incidencia delictiva no cede, violencia familiar tampoco

En su más reciente informe, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reporta que la incidencia delictiva a nivel nacional del mes de enero del 2020 se incrementó en 3 por ciento respecto del mismo mes del año anterior, al pasar de 161 mil 28 delitos en 2019 a 165 mil 749 ilícitos en 2020.

Lo anterior confirma que, por más que la narrativa indique que la incidencia y la violencia han disminuido, los números confirman lo contrario; es decir, la tendencia al alza continúa y parece no ceder pese a los esfuerzos por atender las causas sociales y económicas del delito, así como el despliegue de 76 mil elementos de la Guardia Nacional en todo el país y la coordinación del gobierno federal con los estados y municipios. 

Los delitos de alto impacto social que tuvieron un marginal descenso en enero del 2020 fueron homicidio doloso y feminicidio, en 1.2 y 1.4 por ciento respectivamente; sin embargo, se mantienen entre los meses con mayores cifras en términos absolutos e históricos.

El ilícito que mayor incremento registró fue el de violencia familiar, al pasar de 13 mil 790 casos en enero de 2019 a 15 mil 850 en el mismo mes del 2020, equivalente a un 15 por ciento más.

Lo anterior explica en parte los casos más emblemáticos de feminicidio, como los de Ingrid Escamilla y Fátima Cecilia, ambos perpetrados en la Ciudad de México y precedidos de violencia familiar que no fue denunciada y en caso de serlo, no fue atendida de manera oportuna por parte de las autoridades capitalinas.

Sin embargo, el verdadero problema sigue siendo la denominada cifra negra, que se mantiene por arriba del 93 por ciento a nivel nacional y debido al desconocimiento de estos delitos por parte de la autoridad, nada o muy poco se puede hacer para prevenirla o combatirla según sea el caso.

De hecho, la violencia familiar junto con la extorsión telefónica y el robo a transeúnte son de los delitos que menos se denuncian y más alta cifra negra registran, la primera por temor a represalias por parte del perpetrador, mientras que los restantes por la pérdida de tiempo que su denuncia implica.

La importancia de este tipo de delitos que difícilmente se denuncian ante el Ministerio Público (extorsión y robo) radica en que, junto con el homicidio doloso, feminicidio y secuestro (que se denuncian más), impactan negativamente en la percepción de inseguridad, esa que a la autoridad se le ha complicado revertir en los últimos años y se incrementa día con día en forma sostenida.

Por cierto, en breve el INEGI llevará a cabo la Encuesta Nacional sobre Seguridad Urbana (ENSU) en las 70 ciudades y zonas metropolitanas más pobladas del país, así como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) que se realiza a nivel nacional (marzo y abril del 2020).

De la primera conoceremos los resultados el próximo 16 de abril (correspondientes al primer trimestre del 2020), mientras que de la segunda los resultados los tendremos a finales de septiembre del 2020.

Será la primera ocasión que la ENVIPE informe sobre la victimización y ocurrencia de delitos, así como la cifra negra (delitos no denunciados) del primer año completo de la actual administración (2019) y el segundo sobre percepción de inseguridad y confianza en las instituciones responsables a la seguridad pública, procuración y administración de justicia.

Con independencia de que un delito se denuncie o no, si este sucede quedará grabado en la memoria de las víctimas o marcado en alguna parte de su cuerpo y tarde o temprano impactará en la percepción de inseguridad, que finalmente guarda una estrecha relación con la realidad; de ahí la premisa de que en materia de delitos percepción es realidad.

Ojalá que las autoridades de los tres órdenes de gobierno y tres poderes de la unión entiendan que ni la incidencia delictiva se ha revertido ni la violencia ha sido contenida y tomen cartas en el asunto lo antes posible, para evitar que más personas sufran un delito y más mujeres pierdan la vida, de lo contrario el próximo paro de actividades del 9 de marzo se los estará recordando.

Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”;  cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.