Garantiza INE derecho al voto de las personas con discapacidad y su inclusión

El Instituto Nacional Electoral (INE) garantiza el derecho de las personas con discapacidad a votar y participar en las elecciones, al tiempo que trabaja por su inclusión en la democracia mexicana, afirmó la Consejera Adriana Favela Herrera.

Durante el Facebook Live “La inclusión de las personas con discapacidad en la democracia”, subrayó el compromiso del Instituto de trabajar de la mano de las personas con discapacidad, a fin de garantizar todos sus derechos, no sólo el de votar sino también de ser votados.

Acompañada del director de Vinculación Interinstitucional de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE), Ernesto Rojas Barrientos, planteó los retos y acciones a trabajar para lograr una mejor inclusión.

“Falta garantizar el derecho de las personas con discapacidad a ser votadas, que puedan acceder a las candidaturas. Y para que eso les propicie que puedan llegar a los cargos de elección popular”, señaló.

La Consejera Favela enfatizó que, si no se retoman o se aprueban las distintas iniciativas que se han presentado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en este sentido, “entonces el INE tendría que hacer una acción afirmativa que nos lleve a esta circunstancia”.

Puso como ejemplo que, en la elección de 2018, cuando se compitió por 18 mil 299 cargos de elección popular, los partidos políticos registraron a 61 personas con discapacidad y de éstas, solamente 19 pudieron acceder a esos cargos.

También consideró el hecho de determinar la utilidad de incluir en la Credencial para Votar un distintivo en el que se señale que el portador es una persona con discapacidad; que quienes se encuentren hospitalizados puedan votar el día de la Jornada Electoral y que personas privadas de sus facultades mentales accedan a las casillas.

La Consejera Favela enumeró las acciones realizadas por el INE, como la atención y expedición de 635 mil 774 credenciales para votar a personas con discapacidad; atención domiciliaria; el impulso a la participación logrando en las elecciones de 2018 que 776 personas con discapacidad formaran parte de las Mesas Directivas de Casilla; elaboración de material para facilitar el ejercicio del voto como plantillas en lenguaje Braille o la mampara especial y una serie de innovaciones en materia de accesibilidad en los comicios 2017-2018, por lo cual el INE obtuvo el premio a la Innovación Política, otorgado por Zero Project 2019.

No es ocioso trabajar por los derechos político-electorales de las personas con discapacidad

En su intervención, el también licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, sostuvo que trabajar por los derechos político-electorales de las personas con discapacidad no es ocioso, pero se requiere la participación de este sector.

Esta tarea “no es sólo de una institución, de un partido político o de unos cuantos con discapacidad. Es de todos si tenemos conciencia de que, de ello tendremos resultados”.

El director de Vinculación de CONFE enfatizó la importancia de la participación de este sector, no sólo en votar sino en ser votados. “Qué importante es que nosotros podamos formar parte de las cámaras estatales, federal y el congreso de la Ciudad de México y podamos ser impulsores de políticas y programas que nos ayuden a nosotros”.

Es fundamental hacer conciencia de que “quien tenga perfiles para ocupar un cargo público se sumen e impulsen la legislación adecuada para que la participación no sólo sea un derecho sino una obligación”.

Destacó la importancia de que se formulen políticas y programas en beneficio de las personas con discapacidad y que esta brecha de derechos cada vez sea menor entre el resto de la comunidad, a fin de sentirse verdaderamente incluidos a la misma.

Esta participación no se da de manera espontánea; por ello, demandó la intervención de los sectores involucrados en el tema: las cámaras donde se legisla, para identificar las mejores estrategias de todas las etapas del proceso electoral; el Ejecutivo donde se trabaja de qué manera los derechos político-electorales deben ser resguardados desde las instituciones; los organismos autónomos como los institutos electorales locales y el federal, así como de partidos políticos que conocen los temas de la sociedad civil que requieren atención.