La desaparición de personas constituye un fenómeno devastador para toda la sociedad. Es una de las formas de violencia con mayor daño colateral que existe, porque el desaparecido deja a sus familiares en una incertidumbre permanente que puede resultar más dolorosa incluso que el saber que esa persona ha fallecido. El vacío que dejan los desaparecidos en sus comunidades es causante de diversos fenómenos que provocan la irreparable descomposición del tejido social.

 

Desde el inicio de esta Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cumplimiento a cabalidad de los derechos humanos constituye uno de los pilares sobre los cuales construimos un nuevo México, uno donde la desaparición de personas deje de ser un fenómeno cotidiano.

 

En marzo de 2019 fue reinstalado el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y lo hicimos de la mano de las familias, de esas familias que han experimentado esta lamentable experiencia. Hoy, corresponde abordar los avances e informes sobre la implementación de la Ley General en la materia.

 

Entre los avances tenemos los recursos que el Gobierno Federal destinó en materia de subsidios. A pesar de las dificultades que ha supuesto y cuyo reto enorme nos ha puesto enfrente la pandemia de COVID-19, hemos refrendado nuestro compromiso y se han entregado más de 340 millones de pesos para acciones de búsqueda, localización e identificación a 24 entidades federativas.

 

Asimismo, quiero compartirles que las 32 entidades ya cuentan con instrumentos de creación de las comisiones locales de búsqueda y sólo restan cuatro estados por nombrar a la persona que será su titular.