Instala Coahuila el comité de designación de testigos sociales
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 9 de Septiembre de 2020.- El Gobierno de Coahuila puso en marcha un nuevo mecanismo de transparencia, al instalar el Comité de Designación de Testigos Sociales.
En éste participan la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC), el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) y organizaciones empresariales del estado, como son la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Saltillo.
El propósito de dicho comité es el de incrementar las mejores prácticas en los procedimientos de contratación convocados por las dependencias y entidades estatales, mediante la designación de los testigos sociales, quienes podrán proponer mejoras para incrementar la transparencia en dichos procesos, además de intervenir como observadores dando testimonio público de su participación directa en las licitaciones públicas.
La titular de la SEFIRC tomó protesta a los integrantes del comité y los conminó a cumplir con su nuevo encargo.
El comité está integrado por los titulares del ICAI, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Saltillo, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Comarca Lagunera, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Coahuila Centro-Norte, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Saltillo y la Coordinación Estatal de Cámaras de Comercio, así como personal de la misma SEFIRC.
Como testigos del evento estuvieron las titulares de la organización Innovación Sustentable AC, y del Consejo de Participación Ciudadana.
En fechas próximas se publicará la convocatoria dirigida a los interesados en ser Testigos Sociales, a través de la página de internet de la SEFIRC y sus redes sociales.
El comité emitirá su opinión acerca de quienes hayan cumplido los requisitos exigidos para que se les expidan sus nombramientos como testigos sociales, así como designar su participación en los procedimientos de contratación de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios que se lleven a cabo con financiamiento de recursos estatales, en las dependencias y entidades.
