Toma de la presa La Boquilla pone en riesgo la entrega de agua para riego: Gobierno Federal

El Gobierno de México ha asegurado en todo momento el agua para riego en el estado de Chihuahua para el ciclo agrícola 2019-2020 y ya concluyó la entrega al 100 por ciento del volumen autorizado para las presas Francisco I. Madero (Las Vírgenes) y Luis L. León (El Granero).

Sólo queda pendiente por entregar el equivalente al 11 por ciento de los 962.7 millones de metros cúbicos que el Comité Nacional de Grandes Presas (CNGP) dispuso se canalizara de la presa La Boquilla al Distrito de Riego 005.

Conagua trabaja para completar el abasto autorizado, lo que en este momento no es posible asegurar porque los manifestantes que tienen tomada la presa redujeron la extracción de 46 metros cúbicos por segundo (m³/s) a sólo 29 m³/s. Por ley, se tiene únicamente hasta el último día de septiembre para concluir dicho proceso.

Para el Gobierno de México, es fundamental cumplir con los compromisos establecidos y continuará actuando con estricto apego a la legalidad, en beneficio los productores.

Gracias a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha trabajado para asegurar la entrega de agua a los usuarios de todas las zonas bajo riego (respetando el calendario que ellos mismos fijaron), se ha garantizado que la sequía no afecte las cosechas de los Distritos de Riego de ese estado.

Por tanto, son incorrectos los señalamientos en el sentido de que el pago del Tratado de Aguas de 1944 ha puesto en riesgo las cosechas del actual ciclo agrícola en Chihuahua.

Dicho acuerdo internacional establece que las entregas de agua por nuestro país se realicen en periodos de cinco años y el 24 de octubre próximo concluye el actual ciclo. No es posible postergar el cumplimiento debido a que el ciclo anterior, que concluyó en 2015, cerró con un retraso, lo cual no puede ocurrir en dos ocasiones consecutivas.

El Gobierno de México seguirá actuando con apego a criterios técnicos y legales, con el firme compromiso de garantizar la continuidad de las actividades productivas, la protección de las personas y su patrimonio, así como la seguridad de la infraestructura hidráulica del país.