OPINIÓN | Extorsión no cede ni en la pandemia

Uno de los delitos que menos han disminuido durante la actual administración es la extorsión, tal como lo reconoció el titular del ejecutivo federal en su segundo Informe de gobierno, al indicar que de noviembre de 2018 a agosto de 2020 las denuncias formales, traducidas en Carpetas de Investigación, se incrementaron en 12.7% 

Pese a esta tendencia al alza, durante el primer mes de la pandemia las denuncias bajaron un 10.6% (abril respecto de marzo), lo cual no significa que el delito haya disminuido, sino que la gente no pudo denunciar debido a que las agencias del Ministerio Público también vieron reducida su capacidad de atención.

Además, las restricciones sanitarias y de movilidad prevalecientes durante abril y mayo, terminaron jugando a favor de los delincuentes, ya que la personas tampoco pudieron desplazarse, lo cual se tradujo en que mayo registrara la menor incidencia de este delito en lo que va de 2020.

Sin embargo, conforme se fue rompiendo el confinamiento las denuncias comenzaron a repuntar hasta que finalmente las cifras de julio rebasaron en 1.1% a las de marzo, último mes sin encierro, volviendo rápidamente a la normalidad.

Lo anterior se explica porque a diferencia del robo en sus diversas modalidades e incluso el secuestro, las víctimas de extorsión no tienen que salir de sus casas para que el delito se materialice, importa que se asusten y accedan a pagar sumas fáciles de transferir a una cuenta desde un teléfono inteligente o computadora de escritorio e incluso realizarlas en alguna de las tiendas de conveniencia que han permanecido abiertas todo el tiempo.

Pensando en lo que la “nueva normalidad” nos depara, la crisis económica por la que atraviesa el país ofrece las condiciones idóneas para que este delito repunte con mayor intensidad en los próximos meses, cuando un amplio segmento de la sociedad no pueda pagar sus deudas a los bancos y diversas tiendas departamentales y entre las insistentes llamadas de las áreas de cobranza se inserten aquellas realizadas por delincuentes que tratarán de sacar provecho de la situación.

Como expliqué en este mismo espacio el 8 de enero del presente año, la extorsión es uno de los delitos relativamente nuevos, ya que el primer registro formal data de hace 20 años y durante ese lapso se ha avanzado mucho en materia de protocolos, pero la gente sigue cayendo en el juego y continúa pagando; peor aún, lo hace sin dar aviso a la autoridad por considerar que es una pérdida de tiempo y porque si llegaran a detener al probable responsable, la posibilidad de probar el delito es prácticamente nula.

El nivel de impunidad es tal que antes de la pandemia se denunciaba únicamente el 0.2% de las extorsiones cometidas en el país y si a esa cifra se agrega que menos del 10% de lo que se denuncia se sanciona con una sentencia condenatoria, el incentivo para cometerlo se incrementa exponencialmente a favor de los delincuentes y en contra de las víctimas.

Es necesario recordar que la cifra negra de este delito es de las más altas a nivel nacional, con un 99.82%, dicho en otras palabras, solo se denuncian 2 casos por cada 1000 que se cometen.

Para que se denuncien 100 casos de extorsión significa que fueron cometidos 50 mil delitos de este tipo y de estos únicamente 5 mil podrían quedarse en la cárcel.

Si en 2019 se denunciaron 8 mil 500 casos de extorsión, eso equivale a que solo 850 probables responsables podrían recibir una sentencia condenatoria, pero a cambio se habrían cometido casi 5 millones de extorsiones a nivel nacional, con igual número de víctimas.

Un dato que es necesario referir es que de acuerdo a la ENVIPE 2019, que recopiló datos de 2018, en ese ya lejano año 5.7 millones de mexicanos fueron víctimas de extorsión y de ellos el 7.1% aceptó haber pagado. Dicho en otras palabras, en más de 400 mil casos los extorsionadores obtuvieron recursos económicos por esta vía.

Si las cifras de la ENVIPE 2020, que contienen las cifras de 2019 y están próximas a salir (26 de septiembre próximo), no sufrieron variación significativa respecto de 2018, se estima que más de 5 millones de personas habrían sido víctimas de extorsión, más de 400 mil pudieron haber pagado; solo 8 mil 500 denunciaron y los extorsionadores cobraron “exitosamente” en más de 391 mil casos, así o más fácil.

De ese tamaño es el reto de las autoridades federales que paradójicamente para 2021 eliminaron del presupuesto 4 mil millones que desde 2016 se envía a los municipios vía FORTASEG y desde 2008 vía SUBSEMUN, cuyo objetivo es evaluar, capacitar y equipar a los policías municipales que mayor contacto tienen con la población, además de ser los encargados de la prevención de la violencia y la delincuencia.

Del mismo tamaño es el temor de los ciudadanos que no dejaron ser víctimas de los extorsionadores ni durante la fase más crítica de la pandemia, que por cierto no ha concluido y amenaza con extenderse hasta 2021.

Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”; cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Su trayectoria incluye el haber sido Director General de Terrorismo de la Policía Federal Preventiva (PFP), Director General de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Coordinador de Inteligencia para la Prevención de la PFP, Subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP Federal, Subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la SSP Federal, entre otros cargos.

Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.