24 octubre 2020

Tras discutir el contenido del paquete económico para 2021, así como de analizar las implicaciones financieras, presupuestales y jurídicas de la extinción de los 109 fideicomisos y fondos públicos, la Alianza Federalista adoptó los siguientes acuerdos:

  1. Ruta compartida en la que los estados miembros de la Alianza Federalista presentarán controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la defensa de los fideicomisos y fondos públicos, en particular en contra de la concentración por parte del Gobierno Federal de los recursos públicos que se encuentran afectados en esos fondos.
  2. Promover la presentación de juicios de amparo masivos por parte de beneficiarios de los fideicomisos y fondos públicos, sobre todo de los que atienden la seguridad, la educación, la investigación científica, la atención a víctimas, la cultura y la inversión física y social.

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Especial atención mereció el hecho de que las reformas de extinción de fideicomisos, otorgan al Ejecutivo Federal la facultad de redistribuir discrecionalmente cerca de 70 mil millones de pesos, los cuales tienen un destino específico y determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año.

La concentración y redistribución de estos recursos dejará sin fuente de financiamiento muchas prioridades de gasto en las entidades federativas y los municipios.

Entre otros acuerdos, destaca acudir ante el Senado, bajo el título de Alianza Federalista, en modalidad de parlamento abierto, de manera que en la discusión pública y transparente del dictamen que extingue fideicomisos, se tome en cuenta la opinión de las entidades federativas, los municipios y los diversos sectores de la sociedad civil.

Además del trabajo conjunto de titulares y secretarios de los 10 estados aliancistas, se contó con la participación de enlaces del Poder Legislativo con la Alianza Federalista: la senadora Claudia Ruiz Massieu y los diputados federales Marco Antonio Adame, Antonio Ortega y Mario Rodríguez, así como un análisis del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, en una búsqueda de alternativas legales que pudieran implementarse en la defensa jurídica de los fideicomisos.

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