Obligatorio, vigilar el papel de las fuerzas armadas en la vida pública de México: Causa en Común

El incremento en las atribuciones de la Guardia Nacional, la meta de llegar a 150 mil elementos el próximo año, así como el aumento de su presupuesto en un 17.7% son claras evidencias de la profunda militarización que vive el país, sin precedentes en la historia moderna de México.

En conferencia de prensa virtual, el Observatorio de la Guardia Nacional expuso que, esta nueva etapa de militarización pone en claro que el gobierno federal pretende apartar a las Fuerzas Armadas de sus responsabilidades constitucionales.

A la luz de lo anterior, anunció la ampliación de su espectro de análisis para abarcar el conjunto de acciones, programas, proyectos y responsabilidades que se acumulan en las Fuerzas Armadas. Pasará, por tanto, a llamarse Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, y estará conformado por organizaciones sociales, activistas, periodistas, académicos y ciudadanos.

El organismo señaló que las tareas principales serán reunir, ordenar, clasificar, analizar y alertar sobre los peligros asociados a esta militarización sin precedentes. Acordaron, asimismo, insistir en propuestas para fortalecer las opciones civiles de seguridad.

Durante el encuentro digital, el organismo expuso el panorama que vive el país ante el militarismo impuesto desde el poder y que responde a un proyecto político.

Creación de la Guardia Nacional

Contrario al discurso de pacificación y a las promesas de campaña, el gobierno federal ha profundizado la acción de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, particularmente a través de la Guardia Nacional, una corporación esencialmente castrense. Esta definición quedó oficialmente ratificada mediante el reciente acuerdo de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el cual asume un pleno control operativo de la Guardia.

La militarización de la Guardia viola el texto constitucional, y la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública no cumple con imperativos nacionales e internacionales, pues dicha participación debe ser: extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Al no cumplirse con ninguno de estos requisitos, ya se otorgó un amparo a la organización México Unido contra la Delincuencia.

Exceso de atribuciones

En paralelo a la militarización de la seguridad pública, el gobierno federal les asigna a las Fuerzas Armadas responsabilidades y proyectos que corresponden a la esfera civil, tales como las funciones de policía migratoria, las de control y operación de aduanas y puertos, construcción de obras, así como apoyo a programas de distribución de recursos a grupos sociales.

Presupuesto

El proyecto de presupuesto para el próximo año muestra claramente el incremento de recursos para los rubros militares. En 2021, la Guardia Nacional tiene asignado casi 36 mil millones de pesos, lo cual representa un aumento de 17.7%, equivalente al presupuesto de la Secretaría de Marina.

El organismo ciudadano precisó que, además de un desorbitado incremento de dinero para fideicomisos que ejercerán las Fuerzas Armadas de manera completamente discrecional, también es cada vez más evidente la decisión de abandonar a las policías locales del país, desapareciendo incluso al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), apoyo indispensable para cientos de municipios.

Nacimiento del “Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México”

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, organización coordinadora de este esfuerzo colectivo, indicó que “no tiene sentido enfrentar los problemas de criminalidad y violencia con despliegues militares. Hay que enfrentarlos con acciones eficaces de prevención, que atiendan circunstancias que favorecen la violencia, y con cuerpos de policía que, a nivel federal y local, desarrollen permanentemente capacidades de investigación e inteligencia, así como una cultura de proximidad social”.

Lucy Sánchez, integrante del Observatorio y directora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, mencionó que «desde el 2006, las Fuerzas Armadas han detenido a más de 100,000 personas, todas supuestamente en flagrancia, además de que hay más de 1,600 denuncias por tortura, de las cuales 99.9% siguen impunes. En ese sentido, la única forma de fortalecer a las instituciones es creando confianza institucional, y eso sólo se va a lograr disminuyendo la impunidad».

Por su parte, Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio Sonora por la Seguridad, señaló que «no estamos en contra de nuestras Fuerzas Armadas, lo que nos preocupa es que se haga uso de ellas de manera discrecional, pues los policías y los militares no son intercambiables, su formación está orientada a objetivos distintos. En lo que debemos insistir es en buscar el fortalecimiento de las instituciones civiles desde lo local, además de avanzar hacia un modelo de despenalización de las drogas».

Para consultar el análisis sobre la situación de la Guardia Nacional, lo puede hacer en:  http://causaencomun.org.mx/