OPINIÓN | Los retos del 2021 en materia de seguridad

Sin duda que la llegada del coronavirus en 2020 contribuyó en que la mayoría de los delitos patrimoniales, que le toca atender a los gobiernos de los estados disminuyeran significativamente, no así el feminicidio, homicidio doloso y extorsión, cuyos resultados finales los conoceremos dentro de una semana, pero todo parece indicar que por lo menos serán similares a los de 2019.

De estos tres últimos, es muy probable que el homicidio doloso registre una reducción marginal cercana al medio punto porcentual, pero seguramente será festejado por el gobierno federal como si se el problema estuviera resuelto y como si fuera un logro únicamente suyo.

En términos de tasa por cada 100 mil habitantes la reducción será también marginal y rondará los 29, como en 2019 y muy distante de los 3.6 que ofreció tanto el titular del ejecutivo federal como el ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana al inicio del sexenio.

Un análisis de la tendencia de los delitos del fuero común y aquellos concurrentes como el secuestro y el narcomenudeo, registrados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI de 2019, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) durante el atípico 2020 y los reportados al gabinete de seguridad del “gobierno de la República” durante los primeros 12 días del 2021, permiten identificar cuáles serán los retos en la materia durante el año que comienza y pueden ser los siguientes:

Feminicidio

Representa el mayor riesgo ya que durante los últimos dos años la mayoría de las entidades federativas han realizado un acucioso análisis para conocer las verdaderas causas de la muerte de las mujeres, incrementándose el número de víctimas cuyos casos encuadran jurídicamente con el de feminicidio.

Homicidio doloso

Más allá de que se registre un descenso marginal durante 2020, este delito tendría que bajar de 29 víctimas por cada 100 mil habitantes a menos de la mitad en 2021 para poder alcanzar las metas de medio sexenio, algo que se vislumbra difícil pero no imposible y experiencias las hay, no solo en Medellín, Colombia sino en Tijuana, Baja California en 2008 y Ciudad Juárez, Chihuahua en 2010.

Extorsión y cobro de piso

Repuntó en aquellas entidades en las que conviven mercados ilícitos tangibles como el robo de combustible conocido coloquialmente como “huachicol” con los intangibles pero fáciles de monetizar como el cobro de piso.

Secuestro

Si bien en los registros del SNSP se nota un significativo descenso superior al 20%, esto es solo un espejismo ya que durante la pandemia siguieron sucediendo casos pero la autoridad no recibió la denuncia por estar cerradas parcialmente las agencias del Ministerio Público o con escaso personal para atender a una sola familia. Además de acuerdo a la ENVIPE 2020, durante 2019 se registraron 106 mil 886 secuestros y de esos únicamente se denunciaron ante la autoridad 1,623, es decir que su cifra negra fue de 98.5% y su índice de impunidad aún mayor.

Robo de vehículo

Después de que el encierro se rompa, los vehículos tendrán que salir a las calles y exponerse a las cargas de tránsito habituales, por lo que este delito podría repuntar. Además una mayor cantidad de autos nuevos serán vendidos, algunos de los cuales “pernoctarán” en las calles, lo cual aumenta la probabilidad de que se los roben.

Narcomenudeo

En realidad este delito no disminuyó como las autoridades pretenden hacer saber, más bien se incrementó con el encierro en virtud de que muchas personas perdieron su empleo y el ocio los terminó conduciendo al consumo de drogas.

Violencia familiar

Al retornar el confinamiento durante las últimas dos semanas de diciembre  de 2020 y las primeras dos de enero del 2021, la violencia familiar se acentuó, solo habrá que esperar una semana para conocer la cifra final de 2020, pero sin duda será mayor que en 2019, no solo por el encierro físico, sino por el hartazgo y los problemas económicos y de convivencia familiar y social que se registraron durante la pandemia.

Un factor que será determinante es que una cantidad considerable de elementos de la Guardia Nacional y de las policías estatales y municipales serán desplegados a las entidades con mayor riesgo con motivo de las elecciones intermedias de 2021.  

Además, de acuerdo con los registros históricos del SNSP, la incidencia delictiva se ha incrementado en el periodo que comprende la elección y la toma de protesta del nuevo presidente municipal y el propio gobernador, ya que en ese lapso se genera un vacío de autoridad en el que todos mandan y nadie manda.

Esta será la prueba de fuego para la GN que en breve cumplirá dos años sin que hasta el momento se conozcan los indicadores y metas alcanzadas, no así el presupuesto que se ha incrementado tanto en la SSyPC como en la SEDENA que es donde están adscritos el 70% de los elementos que integran dicha corporación de policía, que dicho sea de paso se prometió que sería civil.

No vaya a ser que 16 mil elementos operativos más otros 22 mil elementos de la extinta Policía Federal que, según el presidente de la República, realizaban labores “administrativas” (en realidad se dedicaban a labores de investigación, inteligencia y atención de familiares y víctimas de secuestro) hayan tenido mejores resultados que 100 mil elementos de la GN, la mayoría de ellos militares cuya función principal es patrullar y no cargar con la responsabilidad que implica ser el primer respondiente en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, función que trasladan a las policías estatales y municipales.

¿Será que para evitar que la PF siguiera atendiendo a familiares y víctimas de secuestro, así como labores de inteligencia e investigación para detener a probables responsables de un delito, el titular del ejecutivo y algunos militares de alto rango la denostaron hasta desaparecerla y no quedara ningún vestigio de su existencia, para así proceder a los “abrazos no balazos”?

No debemos olvidar que eso mismo pasó con la conquista de hace 500 años, los que asumieron el control del sistema de gobierno, economía y culto religioso borraron cualquier vestigio que diera cuenta de lo que antes existió, como pasó en Cholula y muchos otros pueblos originarios de la entidad poblana, donde cubrieron con tierra y piedras las pirámides y templos, hasta formar verdaderos cerros, “teteles” o “bodoques”.

Es pregunta que requiere una respuesta de los conocedores de la historia y la cultura de la 4T, como algunos de los que habitan Palacio Nacional.

*Las ideas contenidas en este texto son responsabilidad de su autor y no reflejan la postura de News Report MX

Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”;  cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Su trayectoria incluye el haber sido Director General de Terrorismo de la Policía Federal Preventiva (PFP), Director General de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Coordinador de Inteligencia para la Prevención de la PFP, Subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP Federal, Subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la SSP Federal, entre otros cargos.

Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.