OPINIÓN | Construir teoría del caso sin fallar en el intento

Los más recientes acontecimientos en materia de investigación policial y ministerial obligan a replantear la forma en que se construye la denominada “Teoría del caso”; mientras eso no suceda, seguirán repitiéndose historias de este y del otro lado de la frontera.

Queda claro que no basta transcribir un mensaje y describir un personaje por más apasionantes y llamativas que sean sus conversaciones, sino de identificar a cada uno de los actores en tiempo, modo y lugar.

Lo que se requiere es depurar, jerarquizar, articular e interpretar la información hasta encontrarle sentido lógico al papel de cada uno de los actores y sus vínculos, así como la razón que lo llevó a actuar al margen de la ley, algo que en materia de investigación policial se conoce como “móvil” del delito.

Sin este tratamiento, no se podrá tomar una decisión sustentada en pruebas contundentes desde la etapa a cargo del primer respondiente (policía preventivo o investigador) hasta la que corresponde al juez, pasando por la del fiscal (ministerio público).

Habrá que recordar que tampoco es suficiente que un juez autorice una escucha telefónica o la intercepción de mensajes de texto o videos, sino que estos datos -que representan una pequeña parte de la realidad- sean interpretados y articulados para que las premisas, hipótesis y conclusiones reflejen objetiva y lógicamente cómo sucedieron los hechos y permitan llevar a juicio a los probables responsables con el menor margen de error, algo que anteriormente se le denominaba “verdad histórica” y hoy llaman “verdad jurídica”.

De lo contrario, sólo servirán para escribir un apasionante libro o una intrigante novela policiaca que podrán vender miles de ejemplares y hacer famosos (además de ricos) a sus autores, pero jamás podrán sustentar un juicio ante los tribunales, es más, ni siquiera podrán pasar la etapa de la denuncia, pero como dicen: “la calumnia cuando no mancha, tizna”.

Lo anterior viene a colación por los recientes encontronazos entre autoridades estadounidenses y mexicanas por el Caso Cienfuegos, mismo que ha saltado del terreno jurídico al político y todo parece indicar que no dejará conforme a nadie, más allá de quien tenga la razón. A final de cuentas la percepción, y no las pruebas y argumentos jurídicos, se encargará de decidir quién tiene la razón, si las autoridades estadounidenses, las mexicanas o el personaje aludido.

Más allá de que el Fiscal General de México amague con acudir a tribunales internacionales para hacer valer su trabajo en defensa de caso y del lado americano hagan lo mismo en el sentido de reabrirlo luego de que México violó los tratados internacionales en materia de asistencia jurídica, lo único cierto es que metodológicamente de los dos lados hay aciertos y errores, yo diría que más errores que aciertos en este y otros casos vigentes que podrían seguir el mismo derrotero.

Vayamos por partes:

Es evidente que al trabajo entregado por autoridades estadounidenses (expediente con 751 hojas) le faltó rigor metodológico antes que jurídico; que sus investigadores le dieron demasiado peso a los mensajes de texto interceptados y a las fuentes de información que en teoría los validaron antes de traducirlos e interpretarlos jurídicamente, es decir, faltó identificar a cada uno de los actores, ubicarlos primeramente en una red de vínculos, cronológica y de comunicaciones (no solo en un mapa mental) para posteriormente colocarlos en una estructura orgánica partir del análisis de cada una de sus palabras, frases y textos completos, su sintaxis, estilo, rasgos, muletillas y los errores de ortografía, incluido si estos eran reales o intencionales.

Posteriormente sus premisas debieron ser enriquecidas con el apoyo de diversas fuentes de información abierta y cerrada, no solo fuentes vivas en libertad o detenidas (soplones o testigos cooperantes), hasta cerciorarse de su identidad y así poder construir un perfil completo, pero todo parece indicar que no se hizo o no se entregó.

Si no se hizo, difícilmente se podrá reponer en virtud de que la información sensible ya fue publicada y los actores principales fueron “abatidos”.

Si no se entregó, podrá culparse a la contraparte de no haber hecho entrega del expediente completo y rápidamente se pasaría al terreno judicial y de ahí al político, dejando en un segundo o tercer plano el trabajo inicial de la policía y de los fiscales.

En caso de que toda la información haya sido entregada, se alegará que no fue suficiente, que faltó corroborar identidades y ubicar al actor o los actores en la posición que les hubiera permitido cometer el delito que se les imputa, así como el móvil de su actuación y las pruebas que les den sustento.

De cualquier manera y con independencia del desenlace de esta trama en la que parece haber entrado el gobierno de México con el de Estados Unidos en vísperas del cambio de Presidente, que justamente acaba de suceder, lo único claro es que ambos países seguirán necesitando de la cooperación en materia de prevención y combate al narcotráfico y tráfico de armas de fuego.

De lo contrario, a México sólo le quedarán los “abrazos no balazos”, que hasta hoy no han sido suficientes para pacificar o “serenar” al país, sea lo que esto último signifique.

Por lo pronto habrá que ir rescatando a los analistas e investigadores que se formaron en sexenios anteriores y que tienen las competencias y habilidades suficientes para salir avante de situaciones como esta, como seguramente sucedió en el Caso Cienfuegos.

Sí, esos servidores públicos que al inicio de la actual administración confundieron con personal administrativo o secretarias, sin imaginarse que se trata de investigadores de gabinete y campo, de oficiales de caso y mandos con capacidades probadas que por fortuna se quedaron en la Policía Federal Ministerial y en la Guardia Nacional, así como de Ministerios Públicos que forman parte de la columna vertebral de la Fiscalía General de la República

La procuración de justicia no debería obedecer a ideologías sino a la responsabilidad de un órgano autónomo para cumplir con la etapa que le corresponde para hacer valer el estado de derecho, al menos eso marca la ley y es lo menos que se esperaría, para que no sea la pandemia la que nos venga a resolver el problema de la delincuencia.

*Las ideas contenidas en este texto son responsabilidad de su autor y no reflejan la postura de News Report MX

Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”;  cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Su trayectoria incluye el haber sido Director General de Terrorismo de la Policía Federal Preventiva (PFP), Director General de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Coordinador de Inteligencia para la Prevención de la PFP, Subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP Federal, Subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la SSP Federal, entre otros cargos.

Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.