SFP sanciona a empresa que intentó lucrar con la emergencia por COVID-19

La Secretaría de la Función Pública impuso una sanción de inhabilitación y multa económica a Medic Solution Mapen, S.A. de C.V. por intentar lucrar con la emergencia sanitaria por Covid-19.

En un comunicado, la SFP señaló que dicha empresa presentó información falsa en un proceso de contratación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La sanción fue publicada esta mañana en el Diario Oficial de la Federación (http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611496&fecha=15/02/2021).

Irma Erendira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública aseveró que “uno de los motores más poderosos de la economía son las empresas libres de corrupción, por lo cual es indispensable la participación del sector privado, porque la integridad es obligación de los servidores públicos, pero también responsabilidad de emprendedores y ciudadanos”.

Expuso que “con la sanción publicada hoy, demostramos que el acompañamiento que la Función Pública realiza a las adquisiciones gubernamentales en el contexto de la pandemia por Covid-19 ha resultado en un acertado esquema de prevención de la corrupción”.

La resolución del Órgano Interno de Control (OIC) en el ISSSTE se originó tras detectarse que la empresa presentó documentación falsa en un procedimiento de adquisición de mascarillas N95, destinadas a dotar de las mejores condiciones al personal médico que labora en las instituciones de salud que atiende la contingencia sanitaria.

La investigación inició en 2020, luego de que se identificara que el certificado que presentó Medic Solution Mapen, S.A. de C.V. en su propuesta técnica y económica, que respalda la autenticidad y calidad de las mascarillas, y que era necesario para la contratación, tenía una inconsistencia, por lo que al consultar al fabricante original, éste lo desconoció, por lo que se determinó que era falso.

De esta manera, al contravenir el artículo 60, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Área de Responsabilidades del OIC en el ISSSTE impuso a la empresa sanción de inhabilitación de 30 meses (dos años y medio) y una multa de un millón 303 mil 200 pesos.

La secretaria Sandoval Ballesteros manifestó que “así como nosotros estamos trabajando desde la Función Pública, confiamos en que el sector privado también pondrá su parte, porque para lograr una nueva ética pública necesitamos que las empresas, nacionales e internacionales, grandes y pequeñas, asuman un compromiso con la integridad en beneficio del pueblo de México”.