OPINIÓN | Atención de causas de la violencia, en entredicho

Hasta antes de que el auditor superior de la federación reculara de su reporte por haber utilizado una metodología que no le pareció al titular del ejecutivo federal, la revisión de la cuenta pública 2019 arrojaba que dos de los programas sociales de atención de las causas de la violencia y la delincuencia que más irregularidades presentaron fueron “Jóvenes construyendo el futuro” y “Sembrando vida”.

Las inconsistencias que encontró la ASF en el programa “Jóvenes construyendo el futuro” ya habían sido advertidas el año pasado por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública cuando realizó una auditoría a una muestra de 91 expedientes,  encontrando anomalías en más del 50% de ellos, desde la falta de evidencia que acreditara el domicilio de los centros de trabajo hasta la petición de dinero a los becarios, es decir, si en el anterior sexenio había “empresas fantasma”, en el actual existen “centros de trabajo fantasma“ que tienen adscritos aprendices que cobran pero no acuden y menos aprenden oficio alguno.

En esta ocasión, la ASF identificó también que varios centros de trabajo no contaban con su Registro Federal de Causantes (RFC), por lo que se trataba de unidades económicas informales que no garantizaban un ejercicio sólido y transparente de los recursos económicos destinados para tal fin, mientras que en otras de ellas proporcionaron un RFC incorrecto.

Lo anterior confirma que no existió una verdadera planeación, ejecución y supervisión de dicho programa, tampoco indicadores y metas claras, pero sí un estridente discurso que buscó posicionar las bondades del programa sin importar que detrás de el se escondiera la improvisación y objetivos electorales más que de prevención de la violencia y a delincuencia por medio del empleo.

Prueba de ello es que durante 2020 en la Ciudad de México y en particular en las Alcaldías ubicadas en el sur de la metrópoli, quien esto escribe conoció de primera mano que promotores de dicho programa se acercaron a negocios emergentes o informales para solicitarles que anotaran a entre 3 y 4 aprendices, pero no asistirían a realizar labor de aprendizaje alguna, sin precisar el beneficio que recibiría la dueña o encargada del negocio.

En otras entidades como en Oaxaca, algunas fondas (también informales) recibieron a varios participantes del programa “jóvenes construyendo el futuro” a quienes como parte de su capacitación les enseñaron como sacrificar a los guajolotes, por lo que se les veía corriendo detrás de ellos; sin embargo no les enseñaron a cocinarlos para que su formación fuera como chefs o cocineros.

Suponiendo sin conceder que dicho programa se tradujera en una disminución real de delitos, estos tardarían en llegar ya que primero se tendrían que estabilizar, muestra de ello es que los municipios donde se concentra un mayor número de beneficiarios han registrado un aumento en sus niveles de violencia.

Hasta hoy el único factor que ha contribuido en que los delitos hayan disminuido sensiblemente es el coronavirus, que en 2020 se tradujo en una reducción del 11% en los delitos totales a nivel nacional, 21% en robos totales, 24% en robo de vehículo y 37% en robo en transporte público colectivo, ya que tanto personas como vehículos se confinaron la mayor parte del año.

Lo que no disminuyó fue la violencia familiar y el narcomenudeo, la primera como consecuencia del encierro y la segunda a pesar del encierro.

Para 2021 el panorama sigue siendo el mismo; comenzó con un confinamiento casi total que se prolongó hasta los primeros 20 días de febrero, con la consecuente baja en la incidencia de los mismos delitos que 2020, los de tipo patrimonial.

Veremos si cuando las cosas hayan vuelto a la normalidad los cuestionados programas de atención de las causas, como “Jóvenes construyendo el futuro” o “Sembrando vida” y otros vinculados con la educación son suficientes para frenar la violencia y la delincuencia que seguramente se incrementará como consecuencia de las crisis de salud, laboral y económica del país, mismas que han sido reconocidas por el propio presidente de la República.

Por si lo anterior no fuera suficiente, la ASF también detectó una serie de irregularidades en la integración de la Guardia Nacional, específicamente en relación con el ingreso de elementos que no cumplieron con los requisitos para formar parte de una corporación civil, así como en el proceso de liquidación de los efectivos de la extinta Policía Federal, que tampoco se realizó apegada a derecho.

Si los programas sociales no cumplen con su objetivo de prevenir la violencia, los más de 100 mil elementos de la GN tendrán que salir a dar la cara y disparar uno que otro balazo, ya que los abrazos no serán suficientes para hacer frente a la delincuencia que una vez que termine el encierro aprovecharán la presencia de potenciales víctimas en las calles, avenidas y espacios públicos de las grandes ciudades del país, ya sea en vehículos propios o en transporte público.

*Las ideas contenidas en este texto son responsabilidad de su autor y no reflejan la postura de News Report MX

Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”;  cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Su trayectoria incluye el haber sido Director General de Terrorismo de la Policía Federal Preventiva (PFP), Director General de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Coordinador de Inteligencia para la Prevención de la PFP, Subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP Federal, Subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la SSP Federal, entre otros cargos.

Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.