OPINIÓN | Protección a candidatos, caravana con sombrero ajeno

Brindar protección a las personas nunca ha sido fácil y menos tratándose de ciudadanos que hasta antes de ser considerados de alto riesgo por su actividad política no estaban acostumbradas a cumplir protocolos en materia de seguridad, ni sus viviendas reúnen condiciones para cumplir a cabalidad la encomienda.

Lo anterior viene a colación luego del anuncio que hace ya casi dos semanas realizara la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en el sentido de que el gobierno federal otorgará protección a los candidatos a más de 21 mil puestos de elección popular.

En su oportunidad y desde Palacio Nacional, su titular anunció la creación de la “Mesa de Estrategia de Protección en el Contexto Electoral”, en la cual participan la Secretaría de Gobernación, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la propia SSyPC, pero sin precisar los criterios que debe cumplir el candidato ni que instancia de seguridad brindará la protección solicitada.

Con eso de que ahora ya a cualquier esfuerzo de coordinación le llaman “Mesa”, no vaya a ser que trasladen la responsabilidad a los gobiernos de los estados a través de las denominadas “Mesas de Seguridad o para la Construcción de la paz” y si estos no cumplen, que carguen con el desprestigio de no ser capaces de brindar seguridad a los miles y miles de candidatos que seguramente ya solicitaron o solicitarán dicho servicio.

No debe olvidarse que el término “Mesa de seguridad” fue acuñado en 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua para identificar temáticamente la función de los integrantes del gabinete federal que participaron en el programa “Todos somos Juárez”, es decir que además de la de seguridad hubo otras mesas que cumplieron con sus objetivos pero trascendieron menos porque la prioridad era seguridad pública.

Quizá la más importante fue la “Mesa de seguridad” pero por el trabajo de la sociedad civil organizada realizó para atender las causas de la violencia y la delincuencia, algo que hoy no sucede porque las organizaciones fueron relegadas a un segundo y hasta tercer plano.

Volviendo a la “Mesa de Estrategia de Protección”, que supongo brindará seguridad a los candidatos con el apoyo de la Guardia Nacional, ni destinando sus más de 100 mil elementos le alcanzarían para cuidar a todos los aspirantes a los miles de puestos de elección popular, ya que por lo menos participarán 3 candidatos por cada cargo y haciendo cuentas no les tocarían ni dos elementos por cada uno.

Además, en 5 estados ya comenzaron las campañas a gobernador (Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora) y no se tiene conocimiento de que los 32 candidatos participantes sean resguardados por las instituciones que integran la “Mesa” recientemente integrada, cuyo nombre no indica que se vayan a coordinar con los estados y los municipios que apenas cuentan con una docena de elementos que no alcanzan ni para lo mínimo indispensable en materia de seguridad.

Me temo que conforme pasen los días y lleguen al gobierno federal más solicitudes de protección, estas serán remitidas a los gobiernos locales con un oficio en el que indique que deberán hacerse cargo de la seguridad de los candidatos, por lo que el nombre de “Mesa de Estrategia de Protección” solo servirá para hacer “caravana con sombrero ajeno” y quienes cargarán con la responsabilidad serán los que menos elementos de policía tienen y menor presupuesto disponen.

No debe de olvidarse que brindar seguridad no es solo mandar policías a cuidar al personaje “principal”, como se dice en el argot de la protección a funcionarios, al ahí se va, sino que se requiere una rigurosa evaluación de riesgos del solicitante y selección del perfil de quienes asumirán dicha responsabilidad, así como un protocolo básico al que se irán haciendo ajustes conforme a las circunstancias.

Además se requerirán vehículos, blindados si es necesario, armas de fuego, medios de comunicación, viáticos y lugares de pernocta que permitan cumplir a cabalidad la misión, de lo contrario sólo se dedicarán a seguir a los candidatos y cargarles el saco o el portafolios (cualquier similitud con  el caso Amílcar Sandoval es pura coincidencia), en el peor de los escenarios contar el número de incidentes y de víctimas.

Ojalá no sea así y el escenario mejore, pero para que ello suceda se requiere tiempo, conocimientos y voluntad política, esa que no existe ni siquiera para construir una estadística confiable y tienen que ser Consultorías privadas (Etellekt e Integralia) las que lleven el conteo de cuantos candidatos o políticos han sido asesinados o agredidos.

Hasta ahora el gobierno federal se ha dedicado a lamentar, condenar y asegurar que esclarecerá los hechos porque así lo dicta el guion del discurso, pero no va más allá.

Una razón por la cual se carece de personal capacitado para este fin es que junto con la extinción de la Policía Federal y el Estado Mayor Presidencial desaparecieron las áreas que contaba con los mejores perfiles para brindar protección a funcionarios y ahora habrá que empezar de cero o un poquito más atrás, esperemos que no sea demasiado tarde.

*Las ideas contenidas en este texto son responsabilidad de su autor y no reflejan la postura de News Report MX

Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”;  cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Su trayectoria incluye el haber sido Director General de Terrorismo de la Policía Federal Preventiva (PFP), Director General de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Coordinador de Inteligencia para la Prevención de la PFP, Subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP Federal, Subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la SSP Federal, entre otros cargos.

Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.