OPINIÓN | L-12 Metro hay dictamen final pero no responsables
Ayer fue entregado el dictamen final del accidente de la Línea 12, sin embargo, autoridades capitalinas no han señalado responsable directo
Ayer fue entregado el dictamen final sobre las causas del accidente de la Línea 12 del Metro, sin embargo, hasta ahora las autoridades capitalinas no han señalado a algún responsable directo y mucho menos formulado denuncia penal en contra de algún funcionario de esta o de cualquier otra administración capitalina.
En razón de lo anterior, es posible que en el transcurso de ésta semana conozcamos más acerca de los aspectos administrativos y jurídicos derivados del accidente, pero mientras ese día llega el peso específico recaerá sobre dicho dictamen.
De acuerdo con la empresa noruega DNV, encargada del denominado estudio “causa-raíz”, el colapso del tramo de la Línea 12 del Metro fue resultado del «pandeo» de vigas por falta de pernos adecuados y que los utilizados en la viga sur del tramo colapsado presentaron una soldadura deficiente.
No obstante que esta es la segunda entrega de dictámenes, las autoridades responsables de la investigación técnica no han informado si influyó la falta de mantenimiento, el sismo de 2017, la sobrecarga o el desgaste natural por el paso del convoy.
Tan no han querido informar que quiénes estuvieron presentes en la conferencia de prensa matutina de ayer no quisieron responder las preguntas de los medios de comunicación.
Para evitar que las cosas se complicaran en términos políticos no asistió la jefa de gobierno de la Ciudad de México como en ocasiones anteriores, ni tampoco el nuevo director del Metro; solo hicieron acto de presencia la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX y un representante de la compañía noruega DNV.
A partir de estas premisas no es difícil advertir que las cosas no pasarán a mayores y que paulatinamente se irán enfriando hasta que otros eventos de alto impacto social terminen eclipsando el fatídico accidente, entre ellos la reconstrucción del tramo dañado por parte de la empresa que lo construyó (Carso), las inundaciones de la madrugada del martes en la zona de Tula, Hidalgo y la celebración de las fiestas patrias en medio de los numerosos contagios y muertos por Covid-19.
De hecho el factor de riesgo que significan los familiares de las víctimas del accidente quedó neutralizado con el incremento de las indemnizaciones desde 650 mil hasta 1 millón 900 pesos, con lo cual queda a salvo el discurso de la 4T.
En síntesis, mientras más tiempo pase y nuevas coyunturas vaya enfrentando el gobierno de la República, las posibilidades de que se sancione a algún mando superior disminuyen significativamente, al grado tal que tanto la jefa de gobierno de la CDMX como el propio canciller ya pueden ir preparando su precampaña de 2024 rumbo a las elecciones presidenciales, sin que sean molestados con el pétalo de una Carpeta de Investigación o de una Orden de Aprehensión.
Si hubieran querido sancionar a alguien lo hubieran hecho desde la primera entrega de los dictámenes por parte de DNV, pero está claro que la autodenominada 4T solo le gusta resbalar el bulto y culpar al pasado, solo que en esta ocasión el pasado es su mismo gobierno y cada vez son menos las personas a las que puede culpar, ese tiempo ya se acabó.
*Las ideas contenidas en este texto son responsabilidad de su autor y no reflejan la postura de News Report MX
Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”; cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.
Su trayectoria incluye el haber sido Director General de Terrorismo de la Policía Federal Preventiva (PFP), Director General de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Coordinador de Inteligencia para la Prevención de la PFP, Subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP Federal, Subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la SSP Federal, entre otros cargos.
Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.