7 de octubre de 2022

Los partidarios más cercanos de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han empezado a dudar si redoblar la lucha en la competencia política con la mira puesta en el “cambio 24-30”, o “doblar las manitas” y creer que todo lo que afirma la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en grabaciones y videos “son infundios para desacreditarlo y sacarlo de la jugada política”, llevándose de por medio al PAN y PRD, justo cuando más necesitan unir fuerzas, impulsar la democracia y acabar con aspiraciones de Morena por convertir a México en una dictadura.

 

Moreno Cárdenas ha entrado en una etapa de “necedad”, como acostumbra “ya saben quién”, por permanecer como dirigente del partido vigente más longevo de México (el PRI se fundó en marzo de 1929), sin reparar en que enfrenta un verdadero conflicto jurídico.

 

Es acusado por delitos que lo deberían preocupar, referentes a lavado de dinero, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, por la Fiscalía de Campeche –donde fue gobernador—y la Fiscalía General de la República. Si no enfrenta estas demandas con oportunidad, coinciden analistas políticos, corre el riesgo de que, en cualquier momento, esas autoridades procedan y, entre “si son peras o manzanas”, el tiempo pasa, el descrédito crece y las próximas elecciones federales “estarían a la vuelta de la esquina”.

 

Tanto Miguel Ángel Osorio Chong, como Claudia Ruiz Massieu, integrantes de 11 ex dirigentes del PRI que se han reunido para disuadir a Moreno Cárdenas de que atienda sus problemas personales y no entorpezca las actividades del propio partido y de sus aliados, coinciden en que debería solicitar licencia a su cargo, y no se valga del mismo para planear su defensa.

 

Insisten Osorio Chong y Ruiz Massieu, en la necesidad de respetar los tiempos políticos del país. Como es sabido, Moreno Cárdenas termina su gestión como dirigente del partido en agosto de 2023, de manera que estaríamos hablando de que habría un “año perdido” (parte del presente y el que sigue) para ubicar a los candidatos en el ánimo de los electores para la “gran lucha por el poder del gobierno en México”.

 

En el país, existe una gran variedad de temas políticos que han quedado pendientes de analizar y difundir, debido a la inactividad de los partidos de oposición y de crítica a los diferentes programas gubernamentales, de parte de hombres y mujeres de partidos políticos opositores, que no han podido adaptarse a condiciones marcadas por un gobierno proclive al acaparamiento y al “don de mando” en todas las áreas gubernamentales por parte de integrantes de Morena.

 

En el ámbito macroeconómico, han fallado múltiples estrategias que denotan falta de experiencia en gobernabilidad y administración de recursos naturales, económicos, financieros y de inversiones públicas que, en el largo plazo, manifestarán sus efectos con una pobreza implacable y de grandes dimensiones.

 

Los errores económicos del gobierno de López Obrador, de gasto público excesivo, de descuido al tema alimentario, sobre todo del pueblo pobre; la salud que no levanta, la distribución escasa de medicamentos y caros, la inflación galopante, el PIB estático o a la baja, entre otros inconvenientes, son problemas que se acentúan y que deberían estar en la temática de los partidos de oposición.

 

Por otra parte, el problema personal entre el actual presidente del PRI y el fiscal general del estado de Campeche, Renato Sales Heredia, comenzó hace aproximadamente ocho años, cuando ambos buscaban la nominación del partido a la gubernatura de ese estado del sureste de México. Renato fungía como Comisionado Nacional de Seguridad. Así, tenía acceso a los equipos e infraestructura relacionados con la investigación política a cargo de la Secretaría de Gobernación, entonces dirigida por Miguel Ángel Osorio Chong.

 

Obviamente que mucha de la información que se ha difundido a nivel nacional, sobre el desempeño de Moreno Cárdenas al frente del gobierno de Campeche, tiene un origen y posiblemente mucha veracidad en actos cometidos por el ahora dirigente del PRI. Pero esto lo tendrá que dirimir ante las respectivas fiscalías, la General de la República, y la de Campeche, pero, sin poner de por medio al partido que ahora dirige y con el empeño decidido de que no renunciará, porque todo lo difamado, es un infundio de la gobernadora Sansores.

 

Por. Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo

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