7 de mayo de 2024

ITESO: Faltan estrategias contra el acoso en educación básica

La Secretaría de Educación Pública da apenas 90 días para que autoridades escolares del estado y los municipios implementen protocolos que resuelvan el problema del bullying en los planteles de educación básica.

ITESO: Faltan estrategias contra el acoso en educación básica
 Enero 2024, ITESO: Faltan estrategias contra el acoso en educación básica.- La estrategia gubernamental para combatir el acoso escolar o bullying es insuficiente y limitada, consideran académicas del Departamento de Psicología, Educación y Salud (DPES) del ITESO, en el marco del Día Internacional de la Educación, que se conmemora el 24 de enero y que en 2024 lleva por lema “Aprender para una paz duradera”. 

 

Maelvi Muñoz Álvarez, coordinadora de la Licenciatura en Ciencias de la Educación,y Liliana García Ruvalcaba, coordinadora de la Maestría en Educación y Convivencia, cuestionaron el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en diciembre de 2023, en el que se emiten los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica.

 

Este documento dota de 90 días a las autoridades educativas estatales y municipales para diseñar, publicar e implementar un protocolo de erradicación del acoso escolar, mismo que será aplicable en todas las escuelas de educación básica de sus demarcaciones.

 

García Ruvalcaba cuestiona el enfoque de erradicación del acoso escolar, pues pone el foco en un problema de violencia, cuando sería prioritario pensar en cómo favorecer relaciones, ambientes y estructuras que sienten las bases para el desarrollo de personas que logren respetarse.

 

La estrategia contra el acoso en educación básica queda corta, señalan académicas del ITESO

“No negamos que exista el problema de acoso escolar, pero hay mucha violencia escolar que va más allá del acoso. Otra limitante es que lo acota a hacerlo desde un protocolo, es decir, una guía de actuación que establece una ruta de respuesta institucional para enfrentar un problema de acoso”, señala.

 

Sin embargo la académica insiste en que el protocolo no debería ser el fin, sino una herramienta. “Y no puede ser la única, porque el protocolo en sí no erradica la violencia. Hay un terreno que va más allá de lo normativo, que son las prácticas y la vida escolar”, añade.

 

Las académicas coinciden en que este protocolo tendría que formar parte de un proyecto de largo aliento que, idealmente, involucre a las autoridades y comunidades educativas de todos niveles para garantizar que no quede en letra muerta.

 

García señala que el objetivo de erradicar el acoso escolar será imposible de alcanzar con los tiempos y recursos dados, y desde tantos enfoques transversales y frentes que el acuerdo pretende atacar. Además de establecer acciones para la atención, el protocolo deberá contemplar directrices para la prevención, la detección, la notificación, la intervención y el seguimiento, así como medidas de no repetición.

 

“Son procesos muy complejos que se pretenden atender sólo desde un protocolo. La prevención y la no repetición, por ejemplo, podrían apuntalarse mejor desde otro tipo de programas como proyectos de formación y capacitación, la constitución de equipos para el diálogo y otros procesos de largo aliento”, apunta la docente. 

 

También considera prácticamente imposible lograr la titánica tarea en los 90 días estipulados, cumpliendo además con todos los principios rectores y las perspectivas que se señalan en el acuerdo, y que plantean que dicho protocolo deberá considerar un enfoque comunitario, diferencial y especializado, humanista, de derechos humanos, centrado en las víctimas y con perspectiva de género; que se rija por procurar el interés superior de la niñez; ser inclusivo, intercultural; que promueva la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, entre otros tantos objetivos.

 

“Es difícil cuestionar los elementos que coloca como perspectivas. Lo que sí me queda claro es que las pone como una colección desarticulada, y pues el que mucho abarca, poco aprieta”, dice.

 

La académica augura que los documentos resultantes podrían reflejar las carencias del sistema educativo, tanto en recursos presupuestales, administrativos y humanos como en cuanto a la capacitación de las autoridades escolares. “Se asume que es una tarea sencilla, que existen los recursos y las personas para llevarla a cabo, y pues no”, señala.

 

Comenzar el diálogo

Maelvi Muñoz destaca que se quiera trabajar una estadística en el tema, y confió en que la inminente aparición de los protocolos detone el diálogo en torno a mejores estrategias para atender el problema del acoso escolar. 

 

“[A los profesores] sí nos interesa un entorno menos violento, nos urge. Hay una oportunidad para ver este acuerdo, más que como una imposición, como una coyuntura para trabajar por este objetivo”, apunta Muñoz Álvarez.

 

La académica reconoce que los lineamientos hacen énfasis en la formación continua del profesorado, especialmente en temas de convivencia, cohesión social, cultura de paz y desarrollo de habilidades socioemocionales, entre otros ejes. También se prevé la elaboración de campañas de sensibilización en colaboración con instituciones públicas, académicas, de la sociedad civil o medios de comunicación, en aras de favorecer la participación organizada de la comunidad escolar como parte de una estrategia de prevención.

 

“Los artículos 19 y 20 abren oportunidades de colaboración y aprendizaje de las comunidades educativas en temas que son muy relevantes y que van más allá de un protocolo, que ya hablan de una estrategia de mayor aliento y, por tanto, de más posibilidades de transformación”, menciona García.

 

Dado que el documento contempla la creación de redes colaborativas con universidades para consolidar esquemas de prácticas profesionales o servicio social enfocados a tratar diversos temas relacionados con el acoso escolar y la identidad comunitaria, las coordinadoras consideraron que el ITESO podría ser un aliado estratégico en la materia.

 

Las académicas hacen un llamado a las autoridades para que se replanteen las condiciones para facilitar la colaboración entre los docentes de educación básica y las universidades, con la intención de que desde la academia se acompañe a las comunidades educativas por medio de la investigación y, además, que los docentes puedan continuar su formación profesional con los posgrados que se ofrecen en universidades, tanto públicas como privadas. 

 

 

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