Informe de Comisionada de OEA llama a garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales en las Américas

14 de mayo de 2025.- Pese a los avances internacionales, en la mayoría de los países de la región persiste una grave ausencia de marcos legales claros para proteger a quienes ejercen el trabajo sexual, dijo hoy un informe de la Comisionada para los Derechos de las Personas Trabajadoras Sexuales de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta situación no solo vulnera su seguridad jurídica y acceso a la justicia, sino que también refuerza estigmas sociales que derivan en violencia, discriminación y exclusión de la esfera pública.

El informe de la Comisionada Gloria Careaga-Pérez, entregado hoy al Secretario General, examina la situación legal y sociocultural que enfrentan las personas trabajadoras sexuales en las Américas, así como los desafíos persistentes para el pleno ejercicio de sus derechos.

“La carencia de una protección legal clara les coloca en una condición de vulnerabilidad matizada por el estigma y estereotipos que reducen su garantía de seguridad y de acceso a la justicia”, señala el informe. Asimismo, advierte sobre los efectos nocivos de discursos hostiles que promueven la criminalización del trabajo sexual, muchas veces confundido con la trata de personas. Además, denuncia el uso de argumentos basados en estereotipos y concepciones morales que perpetúan una representación falsa de las personas trabajadoras sexuales como una amenaza para la sociedad.

Entre sus principales recomendaciones, la Comisionada insta a los Estados a:

• Establecer regulaciones claras para legalizar el trabajo sexual que garanticen su desarrollo y libre albedrío;
• Garantizar el acceso a la justicia y la igualdad de derechos sin discriminación;
• Fomentar la educación integral en género y sexualidad;
• Rechazar la estigmatización social e investigar y castigar todos los actos de violencia contra las personas que ejercen el trabajo sexual;
• Promover la investigación y el intercambio de conocimiento sobre el trabajo sexual;
• Contemplar la participación de las organizaciones de personas trabajadoras sexuales en las políticas públicas sobre la materia.

“Es fundamental escuchar y atender las voces de quienes ejercen el trabajo sexual por decisión propia. Estas voces claman por el reconocimiento de sus derechos humanos y laborales, con el objetivo de salir de la clandestinidad que las expone a mayores riesgos y a contextos de impunidad”, dijo el Secretario General, Luis Almagro. “La falta de una protección legal clara profundiza estas vulnerabilidades y perpetúa el estigma y los estereotipos”, agregó.

El Secretario Almagro alentó a los Estados miembros “a atender las recomendaciones contenidas en este informe, orientadas a avanzar en el reconocimiento legal del trabajo sexual y en la protección efectiva de los derechos de quienes lo ejercen”.

Por su parte, la Comisionada Careaga-Pérez aclaró que es necesario distinguir el trabajo sexual de la trata de personas. “El trabajo sexual es un trabajo autónomo, voluntario, que ejercen las personas. Los organismos internacionales e intergubernamentales han reconocido las repercusiones negativas de los enfoques punitivos del trabajo sexual en la salud y los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales y han pedido que se elimine cualquier disposición que castigue ese trabajo”, señaló.

La Comisionada puntualizó que “se propone la plena despenalización del trabajo sexual ejercido de manera voluntaria por personas adultas desde la perspectiva de los derechos humanos, ya que es la mejor forma de hacer frente a la discriminación y la violencia sistémicas” que sufren las personas trabajadoras sexuales, “así como a la impunidad por las violaciones de sus derechos”.

En la presentación del informe también participó la secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe (RedTraSex), Lucy Esquivel, quien calificó el evento como un “hecho histórico”.

“Celebramos este momento como una conquista de nuestro movimiento. Esperamos también que el mismo se convierta en una herramienta para visibilizar nuestras condiciones de vida y trabajo en la región y que aporte a la construcción de compromisos por parte de nuestros estados para erradicar las brechas y desigualdades que aún recaen sobre nuestros cuerpos y que pretenden anular nuestra autonomía”, dijo Esquivel.

Desde 2021, el Secretario General sostuvo reuniones periódicas con la Coalición LGBTTTI y de Personas Trabajadoras Sexuales, en un proceso de diálogo y colaboración que se consolidó con el tiempo. En junio de 2023, durante la 53ª Asamblea General de la OEA, el Secretario General se comprometió a avanzar hacia el nombramiento de una Comisionada para los Derechos de las Personas Trabajadoras Sexuales. En septiembre de 2024, ese compromiso se materializó con la designación de la profesora Gloria Careaga-Pérez como Comisionada, por el resto de su gestión.