OPINIÓN | Descenso de homicidios y asistencia de gobernadores a reuniones de gabinete

La nueva Estrategia de seguridad apostó desde el principio a que las reuniones “diarias” para evaluar los resultados operativos permitiría alcanzar el tan anhelado “punto de inflexión” y revertir la incidencia delictiva a nivel nacional, en particular en los delitos de alto impacto como el homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión y el robo en sus diversas modalidades.

Sin embargo, tras un año de gestión, los indicadores permiten establecer que lejos de disminuir, la mayoría se han incrementado. Habrá que esperar las cifras oficiales de noviembre para hacer el comparativo anualizado.

Un delito que desde el año 2000 ha concentrado el interés de gobernantes, analistas y organizaciones de la sociedad civil y ha sido utilizado como base para medir el nivel de violencia a nivel nacional es el homicidio doloso.

Medido en Carpetas de Investigación (anteriormente referidas como Averiguaciones Previas) a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) o de víctimas (mortalidad por homicidio) por parte del INEGI, el comportamiento de este ilícito a nivel nacional se caracterizó por una relativa estabilidad entre 2000 y 2006, registrando un significativo descenso en 2007 y un repunte hasta 2011, cuando alcanzó su “punto de inflexión”, para comenzar a descender en forma sostenida.

La tendencia a la baja que comenzó en 2011 se detuvo en 2014, año a partir del cual repuntó nuevamente sin que hasta la fecha se haya detenido su crecimiento. Tomando en cuenta las cifras preliminares y la tendencia creciente desde 2014, todo parece indicar que 2019 será el año con mayor cantidad de homicidios dolosos de la historia moderna.

El interés y hasta cierto punto la obsesión por medir el nivel de violencia e inseguridad a partir de las estadísticas del homicidio y no tomar en cuenta todas variables vinculadas con la seguridad, además de las de desarrollo económico, empleo, bienestar, educación y salud, ha llevado al gobierno federal a medir la eficiencia de los estados en función de la asistencia de los gobernadores a las reuniones “diarias” de las “Mesas de Seguridad/Coordinación para la Construcción de la Paz” (antes conocidos como Grupos de Coordinación Estatal), llegando incluso a acusar que los peores resultados se presentan en aquellas entidades donde los titulares del ejecutivo no acuden personalmente y que en breve los haría del dominio público.

Sobre el particular es oportuno hacer las siguientes consideraciones:

Las reuniones a las que se hace referencia el Gobierno de la República no son diarias, ya que solo se realizan de lunes a viernes, por lo que su denominación debería ser otra.

En varias entidades la incidencia delictiva se incrementa los fines de semana, en particular durante las primeras horas del sábado y en aquellas que se caracterizan por un alto número de “giros negros”, por lo que si las reuniones fueran diarias posiblemente la incidencia podría haber mejorado. 

De las 5 entidades con las tasas más altas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes de enero a octubre de 2019, la mejor es la que su gobernador no asiste a todas las reuniones y se trata de Guanajuato, con una tasa de 37.6 casos por cada 100 mil habitantes.

Las 4 peores son Colima, con de 70.1 homicidios por cada 100 mil habitantes; Baja California, con 59.5 casos; Chihuahua, con 47.3 casos y Morelos con 37.8 casos y paradójicamente son a las que acuden los gobernadores.

En cuanto al origen partidista de los titulares del ejecutivo estatal, la entidad que registró la tasa más alta proviene del PRI, el segundo peor de Morena, el tercero del PAN, el cuarto de Morena y el quinto del PAN.

En síntesis, ni el color de los partidos de donde provienen los gobernadores, ni su asistencia a las reuniones de lunes a viernes, son determinantes para que el homicidio doloso disminuya, más bien depende de las capacidades institucionales y del nivel de coordinación entre las instancias responsables de la prevención y combate de este y otros delitos conexos.

Un ejemplo de ello es el estado de Morelos, ya que sus mejores cifras mensuales en materia de homicidio doloso se presentaron entre enero y septiembre 2018, justo antes de que tomara posesión el actual gobernador.

Además, habría que agregar que el formato de las reuniones sigue siendo el mismo desde 1994, cuando se desarrolló el concepto de “Grupos de Coordinación Operativa” a nivel estatal, luego de una serie de hechos de violencia que rebasaron las atribuciones de las dependencias locales y límites entre una entidad federativa y otra.

De hecho, en la administración actual estos mecanismos de coordinación cambiaron de nombre a “Mesas de Seguridad/Coordinación para la Construcción de la Paz”, sin embargo siguen estando integrados por los mismos representantes, el Delegado del CISEN cambió a representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pero sigue siendo el secretario técnico del grupo; el Delegado de la PGR cambió a FGR, el Coordinador Estatal de la Policía Federal dejó su lugar al de Guardia Nacional y se agregó el denominado “Superdelagado” del gobierno federal. 

En esencia estos mecanismos de coordinación son lo mismo, pero con diferente denominación, algo muy cercano a un eufemismo.

Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”;  cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.