OPINIÓN | Centros penitenciarios de la CDMX, la sobrepoblación no es el problema

Pese a no existir sobrepoblación en los diversos centros penitenciarios de la capital del país, el problema de la reinserción social no está resuelto y el mejor ejemplo es la fuga de 3 reos el pasado miércoles 29 de enero del Reclusorio Varonil Sur.

En repetidas ocasiones se ha dicho que México no podrá superar la situación por la que atraviesa en materia de seguridad y violencia si no atiende prioritariamente los problemas que se registran en los centros penitenciarios, ya que continúan siendo espacios donde persiste la corrupción y la impunidad.

De acuerdo con el más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que evalúa aspectos como autogobierno, prevención y atención de incidentes violentos, sobrepoblación, cobros indebidos, insuficiencia de custodios, capacitación y actividades laborales, así como higiene en dormitorios, prevención de adicciones, educación y servicios de salud para internos, la calificación promedio nacional pasó de 6.92 a 7.43 puntos de 10 posibles.

A nivel estatal la mejora en la calificación fue de 0.54 puntos, al pasar de un promedio de 6.21 a 6.75 puntos y la Ciudad de México fue una de las entidades federativas que aportó mayor evidencia en el sentido de que las cosas han ido mejorando gradualmente.

Es de subrayarse que el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla de la CDMX obtuvo una calificación de 8.36 puntos, que la posicionó en el 5° mejor lugar a nivel nacional, solo detrás de Centro de Reinserción Social Femenil de San José El Alto, Qro. (8.54); Centro Penitenciario Femenil Saltillo, Coah. (8.49); Centro Estatal de Reinserción Social de Valle de Santiago, Gto. (8.47) y Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 1 Chiapa de Corzo, Chis. (8.38)

Por su parte, INEGI en su Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal 2019 (con datos de 2018), reportó que la media nacional de sobrepoblación fue de -5.5%, lo cual indica que en términos generales en México hay un excedente de espacios para internos y el verdadero problema radica en lo heterogéneo de la distribución de internos entre penales federales, estatales, regionales y municipales.

La mayor sobrepoblación penitenciaria por entidad federativa se ubicó en el Estado de México con 106%, Nayarit con 75%, Durango con 74% y Puebla con el 27%.

Para la Ciudad de México, el pasado 31 de enero el gobierno capitalino informó (Tendencia de la población penitenciaria) que la sobrepoblación promedio de sus centros penitenciarios es del -10.1 %, equivalente a 2 mil 738 espacios sin ocupar (camas disponibles) de un total de 27 mil 549, es decir, que existen espacios disponibles.

En el caso específico del Reclusorio Varonil Sur, los espacios disponibles ascienden a 1,985 de un total de 5,319 lugares de capacidad instalada, equivalentes a una sobrepoblación de -37.3%, es decir, su problema no es por falta de espacios.

Sin embargo, ni la calificación aprobatoria promedio de los centros penitenciarios de la Ciudad de México ni la inexistencia de sobrepoblación en sus penales, en particular del Reclusorio Sur, fueron suficientes para evitar la fuga de 3 reos de alta peligrosidad, los cuales además tenían pendientes procesos de extradición a Estados Unidos que estaban a escasos días de materializarse. 

Lo anterior evidencia que las fallas siempre se presentan en la operación de los equipos tecnológicos y la aplicación de los protocolos de ingreso y salida de personas privadas de la libertad, ya que dependen de personas y en cualquier momento pueden presentarse actos de corrupción, con mayor razón si los custodios han sido relegados a la escala más baja del personal dedicado a labores vinculadas a la seguridad pública y custodia de los Centros de Reinserción Social.

Si se quiere evitar que se presenten nuevamente este tipo de incidentes, habrá que comenzar desde ya un programa de fortalecimiento a esta parte del proceso, que incluya la revisión de los perfiles y evaluaciones de ingreso, programas de desarrollo profesional, permanencia y retiro del servicio, así como salarios, prestaciones sociales y dignificación de la función del custodio. El problema es que todo esto lleva tiempo y requiere de una visión integral y a largo plazo.

Sancionar a los responsables esta bien, pero no es suficiente; habrá que buscar también las fallas en el proceso y castigar las omisiones al nivel que sea necesario. De lo contrario este tipo de eventos se volverá a repetir.

Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”;  cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.