OPINIÓN | Interior de los penales, más efectivo que “quédate en casa”

Primero fue en Cuautitlán, Estado de México, donde el contagio por coronavirus COVID-19 de cinco personas privadas de la libertad provocó una serie de disturbios que pusieron momentáneamente en riesgo la seguridad del centro penitenciario y de las personas que acuden a visitar a sus familiares.

Ahora toca al complejo penitenciario estatal de Puente Grande, Jalisco, donde se reportan 29 internos contagiados; sin embargo, la violencia aún no estalla.

Estos son apenas los primeros botones de muestra de un problema que comenzó a gestarse desde antes del inicio de la contingencia sanitaria (30 de marzo) y amenazaba con desestabilizar el sistema penitenciario estatal y federal.

De acuerdo con el más reciente reporte de la CNDH (27 de abril), otros penales donde se han registrado casos de contagio del mortal virus son Yucatán con ocho, Ciudad de México con cinco y Sinaloa con una.

En total estaríamos hablando de 47 casos de contagio de personas privadas de la libertad y un custodio de una población penitenciaria estimada en 198 mil internos de los 309 penales que existen en el país, lo cual resulta verdaderamente sorprendente, ya que su tasa de contagio sería de apenas 0.02%, mientras que la de letalidad sería de cero.

Dicho en otras palabras, el interior de los penales sería más efectivo que “quédate en casa”. 

Lo anterior evidencia que, pese a que en su interior no aplica la sana distancia, el nivel de contagio ha sido menor al esperado; sin embargo, deja entrever que lo bajo de las cifras obedece a que no se han realizado las pruebas suficientes para conocer la realidad de lo que acontece dentro, sino que es una pequeña muestra.

Si nos ajustamos a lo que dicta el modelo “Centinela”, adoptado por el gobierno federal como referencia para estimar el número de personas contagiadas sin la necesidad de efectuar la prueba, es decir, multiplicando los casos resultantes por 8.2, estaríamos hablando de 393 casos. 

Pero si acatamos lo establecido por diversos especialistas que señalan que la multiplicación debería ser hasta por 32, entonces la cifra rebasaría los 1,500 internos contagiados, independientemente de si presentan síntomas o no.

Dada la problemática de sobrepoblación y autogobierno en varios de los Centros de Reinserción Social del país, así como corrupción (cobros indebidos), insuficiencia de custodios, falta de higiene y agua, presencia de adicciones y deficientes servicios de salud en la mayoría de los penales del país, la verdad es que las cifras de contagio reportadas hasta ahora son demasiado alentadoras como para ser verdad. 

En particular llaman la atención que entidades como Nayarit con una sobrepoblación de 75 por ciento, Durango con 74 por ciento y Puebla con 27 por ciento (INEGI), no reporten un solo caso de contagio entre su población penitenciaria.

A lo mejor los legisladores conocían con anterioridad esta “numeralia” y por esa razón a la Ley de Amnistía a nivel federal recientemente aprobada, le agregaron una serie de plazos para que los poco más de 6 mil potenciales beneficiarios obtengan su libertad en forma paulatina, al fin que dentro no corren el riesgo de ser contagiados, como sí lo correrían estando fuera de los penales, donde las tasas de contagio y de letalidad son mayores.

De ser así, bien vale la pena esperar los 60 días para que se integre la Comisión que revisará las solicitudes y los cuatro meses para resolver la situación de cada los internos. Dicho de otra forma, no hay prisa.

En síntesis, una recomendación adicional que debería dar el doctor López Gatell tendría que ser “Quédate en la cárcel”, ya que en su interior es menor el riesgo de contagio y muerte.

Además, por lo menos te dan de comer, porque afuera los alimentos comienzan a escasear.

Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”;  cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.