21 de diciembre de 2024

Giovanni López y Oliver López, dos víctimas de abuso policial en México

Giovanni López y Oliver López murieron en manos de policías municipales. Ambos casos siguen impunes, mientras la exigencia de justicia cada día es más fuerte

Giovanni López y Oliver López, dos víctimas de abuso policial en México

Giovanni López y Oliver López, dos víctimas de abuso policial en México

El mundo está alzando la voz por el caso de George Floyd, el hombre que murió a causa del abuso policial del que fue víctima en Minneapolis, Estados Unidos.

La indignación por el caso ha provocado que en el país gobernado por Donald Trump y en otras naciones se realicen protestas en las calles y también en las redes sociales, con las que se exige justicia para George Floyd.

Justo cuando los disturbios provocados por esas protestas acaparan las portadas de los periódicos de todo el mundo, en México se dan a conocer dos casos en los que dos personas murieron a consecuencia del abuso policial que también se vive en nuestro país: Giovanni López, en Jalisco, y Oliver López, en Baja California.

El caso de Giovanni López

Giovanni López fue golpeado y detenido por presuntos elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

El motivo de su detención, según testigos, fue no portar cubrebocas en la vía pública, como se observa en un video difundido en redes sociales.

De acuerdo con información proporcionada por familiares de la víctima, los policías se llevaron detenido a Giovanni, quien era trabajador de la construcción, y al día siguiente les informaron que había fallecido.

Cuando les entregaron el cuerpo, los familiares de Giovanni López detectaron golpes, huellas de tortura y un disparo en la pierna izquierda.

Los hechos ocurrieron el 5 de mayo y fue hasta casi un mes después que el video comenzó a circular debido a, según familiares de Giovanni, presión del alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos. Eduardo Cervantes Aguilar, quien presuntamente ofreció 200 mil pesos para que el caso quedara en silencio.

La Fiscalía de Jalisco informó que ya investiga el caso y, de acuerdo con los informes que han obtenido, Giovanni López, de 30 años, no fue detenido por no usar cubrebocas; el caso se trató de «una detención administrativa de una persona agresiva”.

“Tal y como se desprende de dos informes de la propia policía, no se desprende que el uso del tapabocas haya sido el acto de molestia por el cual se haya abordado a este joven”, explicó el Fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís.

El hecho se da en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador de Jalisco para hacer frente a la pandemia, que incluyen el uso de la fuerza pública para quien no respete los lineamientos de sana distancia.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación determinó en un comunicado que fueron esas medidas restrictivas del gobierno de Jalisco las que llevó a la comisión de abusos por parte de la autoridad.

Los policías involucrados y el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos siguen ejerciendo y no han sido separados de sus cargos.

El caso de Oliver López

El 28 de febrero, policías de Tijuana detuvieron a Oliver López, un hombre que vivía en situación de calle.

Los uniformados sometieron a Oliver y, una vez que lo tuvieron en el suelo, ejercieron presión sobre su pecho y su cuello; lo asfixiaron.

El hombre murió estando en custodia de los policías.

A pesar de que estos hechos ocurrieron hace más de tres meses, los casos de George Floyd, en Estados Unidos, y de Giovanni López, en Jalisco, permitieron que el caso de Oliver tuviera mayor visibilidad.

Segob pide a Jalisco y Baja Californa que investiguen e informen sobre los casos de Giovanni y Oliver

La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, solicitó información de las carpetas de investigación por el probable uso excesivo de la fuerza pública por lo sucedido en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y Tijuana, Baja California.

“Ante la presunta ejecución extrajudicial y clara violación a los derechos humanos en ambos casos, esta subsecretaría condena los hechos en los que se recurre a la fuerza pública para hacer cumplir las medidas preventivas por la pandemia o ante la detención arbitraria que afecta a la población, particularmente a las personas más vulnerables”, subrayó el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez.

Destacó que, ante el establecimiento de las medidas sanitarias a causa del coronavirus, se requiere un ejercicio de responsabilidad colectiva para proteger la salud pública y refrendó que las autoridades de todos los órdenes de gobierno tienen el deber de garantizar las condiciones para que éstas se lleven a cabo, protegiendo en todo momento los derechos de las personas.

El subsecretario Alejandro Encinas conminó a las autoridades estatales y municipales a no caer en acciones de intolerancia. 

“No se deben fomentar discursos discriminatorios basados en prejuicios y estereotipos, por lo que exigimos desde esta subsecretaría a la autoridad judicial esclarecer ambos casos y llegar hasta los responsables de estos lamentables hechos”, enfatizó.