OPINIÓN | Guardia Nacional a un año de operaciones

Ayer, 30 de junio, se cumplió el primer año de operaciones de la Guardia Nacional y su avance más significativo es que casi duplicó su estado de fuerza inicial; en contraparte, vio incrementarse el homicidio doloso y feminicidio en un estimado de 0.5 por ciento al cierre de junio, cuando lo ofrecido previamente fue disminuir dichos indicadores.

Lo anterior pese a que los meses de abril, mayo y junio fueron de confinamiento en la mayor parte del país, así como de cierre de negocios, oficinas, fábricas, centros comerciales y los denominados “giros negros”, lo que permitió que en ese lapso se viera reducido drásticamente el número de potenciales víctimas del delito en las calles y espacios públicos.

De hecho, la reducción de la movilidad contribuyó en que durante abril disminuyera la incidencia delictiva a nivel nacional en 34 por ciento respecto de marzo, particularmente robo en sus diversas modalidades, secuestro, narcomenudeo, violencia familiar y delitos sexuales, aunque en mayo repuntaron los tres últimos, al igual que el robo a casa habitación.

Para el mes de junio se estima que, con el retorno gradual a la “nueva normalidad”, la tendencia haya sido también al alza, esto lo sabremos a finales de julio.  

Volviendo al tema del estado de fuerza, vale la pena precisar que el 20 de mayo de este año la Secretaría de la Defensa Nacional informó que la GN contaba con 106 mil 615 efectivos y que 85 mil 91 de ellos se encontraban desplegados en el territorio nacional. Sin embargo, el 26 de junio el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) señaló que el total ya ascendía a 110 mil elementos. 

Esta cifra es 88 por ciento mayor que la inicial de 58 mil 602 del 30 de junio de 2019, aunque prevalece la duda de cuántos, cuándo y cómo fueron incorporados los nuevos elementos en virtud de que existen diversas versiones del mismo gobierno federal.

Al cierre de 2019, el comandante de la Guardia Nacional informó que eran 76 mil elementos los que la integraban, es decir, 34 mil menos que los 110 mil de junio de 2020. Por su parte, el titular de la SSyPC manifestó que eran 92 mil los efectivos, mientras que el presidente de la República reportaba que eran 100 mil.

Si tomamos como base lo señalado por el comandante de la GN en junio de 2019, implicaría que durante los primeros 6 meses de 2020 la corporación reclutó 5 mil 666 elementos cada mes, lo cual resulta incongruente con el crecimiento anunciado ayer de 21 mil incorporados el año pasado y abre la posibilidad de que los cuadros adicionales hayan sido reclutados para las fuerzas armadas y de ahí comisionados a la GN, con la ventaja de que las evaluaciones de control de confianza para ingresar al Ejército son menos rigurosas que las aplicadas a las corporaciones de policía.

Peor mensaje sería que no hayan sido evaluados como marca la ley y ya formen parte de dicha institución.

Las contradicciones en el estado de fuerza no son nuevas, ya que desde que la GN inició operaciones las cifras jamás han coincidido.

Lo mismo sucede con la institución responsable del pago de la nómina, cuando nos imaginábamos que esta función recaería en la SSyPC, nos enteramos que la mayor parte de los efectivos de la GN cobran en la Secretaría de la Defensa Nacional.

En este sentido, si partimos de la premisa de que el que paga manda, queda claro que quien toma las decisiones de carácter estratégico y operativo no es el titular de la SSyPC. Muestra de ello es que quien rinde los informes sobre incidencia delictiva y algunos resultados de la GN es el titular de la SEDENA, como aconteció el 25 de junio en Texcoco, Edo. de México.

Además, el Ejército es el responsable de garantizar que la disciplina castrense se cumpla a cabalidad al interior de la nueva institución “civil”, empezando por el “sí, mi general”.

Por si esto no fuera suficiente, la conmemoración del primer aniversario de la GN se realizó en el Campo militar Marte y no en el Centro de Mando de la extinta Policía Federal, evento en el cual el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana fue colocado, por ese solo hecho, en un segundo plano respecto de los titulares de Defensa y Marina.

La suma de todos estos elementos se traduce en que prevalezcan rezagos y confusiones al interior de la GN, no solamente en su estado de fuerza, sino en lo referente a su misión, visión y valores, así como en cuanto a sus funciones y atribuciones como primer respondiente dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ya que la capacitación de su personal en lo referente a la puesta a disposición de detenidos y llenado del Informe Policial Homologado (IPH) parece no ser suficiente.

Mención especial merece el papel de los efectivos militares que únicamente prestan servicios de apoyo a la GN y hoy en día se encuentran atrapados en el tan controvertido artículo 5° transitorio del decreto por el que la Fuerza Armada permanente realizará labores de seguridad pública hasta el primer trimestre de 2024, pero sin atribuciones en los rubros de investigación, operaciones encubiertas, intervención de comunicaciones y atención de víctimas, las cuales son exclusivas para los integrantes formales de la GN.

Una muestra de lo anterior es el saldo del operativo realizado el 20 de junio en Guanajuato por parte de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía Estatal en contra la estructura operativa y financiera del Cartel de Santa Rosa de Lima que culminó con la detención de 31 personas, entre ellas la mamá, hermana y sobrina del líder del grupo criminal.

Sin embargo, las inconsistencias registradas durante su desarrollo llevaron al juez a dejarlas en libertad por falta de pruebas y contradicciones al momento de su aseguramiento, además de que se detectaron indicios de tortura durante la operación; liberación que el propio presidente de la República anunció que será investigada para descartar cualquier acto de corrupción, sin tener claro con qué facultades.

El saldo de este emblemático operativo, durante el cual se registraron bloqueos en 47 puntos de 13 municipios del estado de Guanajuato, obliga a replantear la alineación de las capacidades y alcance de las atribuciones de la Guardia Nacional con las de las demás autoridades federales y estatales, y no solo apostar a un mayor estado de fuerza como se pretende en los próximos años hasta llegar a los 200 mil en 2024 en circunstancias ideales.

Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”;  cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.