La CNDH presenta el Diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la asistencia y protección a víctimas de los delitos en materia de trata de personas no ha estado garantizada en el país ni se cuenta con una política pública instalada y accesible a ella. Además, las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal con obligaciones específicas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos –como la SEGOB, PGR (hoy FGR), Salud, SEP, STPS y CEAV— no realizaron acciones indispensables para garantizar los derechos de las víctimas que cada día aumenta debido a la impunidad y falta de protección oportuna de las autoridades.

Entre las acciones en las que dichas autoridades fueron omisas destacan el establecimiento del Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, la adecuación del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, la correcta implementación y evaluación del Modelo de Asistencia y Protección a Víctimas, Ofendidos y Testigos de los delitos en materia de trata de personas y del Protocolo único para el uso de procedimientos y recursos para el rescate, asistencia y protección de las víctimas y posibles víctimas, la estrategia para brindar oportunidades de trabajo a las víctimas, así como aquellas dirigidas a garantizar el derecho a la educación y salud de éstas hasta su rehabilitación y resocialización.

Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al presentar el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas, acto en el cual subrayó que ante la falta de política pública verificable y evaluable que asegure que las víctimas de trata de personas son protegidas y asistidas por las autoridades encargadas de la atención a víctimas en el país, hizo un llamado especial a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus homólogas en las entidades federativas para implementar acciones urgentes, ya que no se cuenta con registro sobre la atención continua tanto a las víctimas directas como indirectas, lo que hace suponer que se abren los expedientes de cada caso al momento de la emergencia (médica y psicológica de primer contacto), pero no se tiene seguimiento posterior y puntual sobre éstos.

En México, dijo, no se cuenta con un sistema que brinde información fidedigna en esta materia. Los bancos de datos realizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública concentran en un solo rubro la información correspondiente a los 26 delitos en materia de trata de personas establecidos en la Ley General. Ante ello, resulta imposible que mediante esta información se pueda contar con un panorama certero sobre la incidencia delictiva de todas las conductas que en el país comprenden los delitos en materia de trata de personas.

Señaló que con los datos que brindaron las Procuradurías y Fiscalías Generales, en los ámbitos federal y estatal, se sabe que entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017 fueron identificadas, mediante el inicio de una averiguación previa o carpeta de investigación, 5,245 posibles víctimas, mientras que los datos proporcionados por los órganos jurisdiccionales solo reportan 790 víctimas derivadas de sentencias condenatorias firmes de los delitos en materia de trata de personas, a lo que debe añadirse que esas víctimas fueron identificadas no solo por el delito de trata de personas sino por alguno de los 26 tipos penales que prevé la Ley General en la materia.

Destacó que en México la trata de personas afecta principalmente a las mujeres, que representan el 85% de las víctimas, mientras que la información de los Tribunales de Justicia indica que el 95% de las víctimas derivadas de una sentencia condenatoria firme pertenecen a este sexo, y se conoció que el porcentaje de víctimas de explotación sexual es del 70% de las víctimas totales, y el de víctimas de trata en materia laboral es de 17%, y en cuanto a la edad de las posibles víctimas identificadas en México, la mayoría son personas adultas al representar el 73%, siendo 27% restante personas menores de 18 años de edad.

Acompañado por el Quinto Visitador General, Edgar Corzo Sosa, el Ombudsperson nacional explicó que con excepción de Yucatán y Durango, todas las autoridades reportaron al menos una investigación, sin embargo, el 70% de las investigaciones en el ámbito estatal se concentraron en cinco entidades federativas: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca. Las Fiscalías o Unidad Especializadas de esos estados reportan el 55% de las víctimas identificadas a nivel nacional.

En cuanto a la impartición de justicia en el periodo citado, 29 órganos jurisdiccionales, tanto de competencia estatal como federal, reportaron contar con sentencias emitidas por los delitos en materia de trata de personas. Colima, Nayarit, Nuevo León y San Luis Potosí informaron que no cuentan con sentencia alguna por estos delitos o no tenían información sistematizada, mientras que las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia federales y estatales reportaron 2,701 averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas y/o concluidas por los delitos en materia de trata de personas a nivel nacional. Y el total de sentencias dictadas reportadas a este Organismo Nacional, en ese mismo periodo fue de 858, de las cuales 296 fueron absolutorias y 562 condenatorias.

González Pérez reveló que hay 3,344 personas indiciadas e imputadas a nivel nacional por los delitos en materia de trata de personas. De ellas, el 69% son hombres y el 31% restante mujeres. Dijo que llama especialmente la calidad de sujeto activo, pues en 224 averiguaciones previas o carpetas de investigación se identificó que la persona indiciada o imputada tiene una relación de parentesco por consanguinidad, civil o por afinidad con la víctima, en 127 la participación de la delincuencia organizada, en 80 de servidoras y servidores públicos. Aseguró que esta información es sumamente valiosa, por una parte, para definir las acciones de prevención hacia la población, ya que los victimarios son en muchos casos personas cercanas, y por otra, para establecer acciones de combate efectivas dirigidas al tipo de delincuencia involucrada en estos delitos.

Consideró que estamos en un momento muy importante para redefinir un camino ante la elaboración del nuevo Programa Nacional, que cuente con objetivos, medidas de aplicación, indicadores operacionales, para todos los delitos en materia de trata de personas señalados en la Ley General, que establezca mecanismos eficaces de vinculación y coordinación interinstitucional, así como de evaluación que se oriente a la planeación e instrumentación de una Política de Estado y den cuenta de sus resultados.

Recordó que en mayo pasado se hizo llegar a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, un documento con una serie de propuestas de políticas públicas, a partir de un llamado que se hizo a las organizaciones de la sociedad civil y expertos académicos, con el propósito de que aportaran su experiencia y conocimientos especializados en el tema, a la construcción del citado Programa Nacional, así como a la Comisión Intersecretarial para que defina un programa de trabajo anual e indicadores de cumplimiento, la representación y participación de las dependencias y entidades que la conforman asegurando una intervención integral, bajo una definición y planeación institucional y con la participación de actores clave, teniendo como base las obligaciones establecidas en la Ley General.

El Ombudsperson nacional apuntó que guiados por el derecho internacional, por la Constitución y la legislación que nos rige, pero especialmente en la convicción de que es el enfoque de derechos humanos el que debe llevarnos hacia la erradicación de la trata de personas y la explotación humana, invito a las autoridades y sociedad en general a sumarse a los procesos que permitan fortalecer el objetivo común que tenemos y nos reúne, sin importar los enfoques o posturas que tengamos en el tema: una sociedad libre de violencia, de esclavitud y explotación.

Por su parte, el Quinto Visitador General de la CNDH, Edgar Corzo Sosa, indicó que este documento pretende aportar al fortalecimiento de las acciones dirigidas a crear una política pública coordinada, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, para cumplir con las obligaciones adquiridas en los tratados internacionales ratificados por el país y eliminar los factores que impiden a las víctimas a desarrollar sus potenciales y capacidades para vivir libres de explotación y esclavitud. Además, servirá también como base a otras áreas especializadas como la criminología, victimología, ciencias políticas, población, trabajo social, entre otras, para que realicen estudios más profundos, ya que los datos que se presentan en el diagnóstico requieren ser analizados desde otras perspectivas para enriquecer el conocimiento en el combate a la trata de personas.

Señaló que para la elaboración del documento se solicitó información a 104 autoridades federales y estatales, incluyendo a la entonces Procuraduría General de la República (ahora FGR), las 32 Procuradurías y Fiscalías estatales y a los 32 órganos jurisdiccionales del ámbito estatal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, a 20 Comisiones Estatales de Atención a Víctimas y a 16 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

El Diagnóstico, dijo, consta de tres capítulos: La situación de la trata de personas en México desde las cifras oficiales; La situación de la trata de personas en México desde otras fuentes de información, y La situación de la trata de personas en México desde la actuación de las autoridades.

Antonino de Leo, Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señaló que el Diagnóstico es una aportación muy importante al conocimiento del problema; constituye una gran oportunidad para la reflexión y llama al Estado y a los demás actores a intensificar los esfuerzos y dar respuestas coherentes a este delito, el tercero más redituable. Añadió que dicha herramienta contribuye a esclarecer las aristas oscuras del tema, que no es un delito aislado, por lo que hay que impulsar la construcción de redes de aliadas y aliados que permitan construir soluciones junto con las autoridades y reconociendo el trabajo de organismos como la CNDH.

Recordó el compromiso del Estado mexicano de respetar el Protocolo de Palermo, poniendo el acento en la prevención, persecución y castigo del delito de trata; destacó la necesidad de ofrecer respuestas y establecer espacios de acción donde la diversidad de actores permita la creación de políticas públicas. Es fundamental, apuntó, fortalecer la coordinación de las instituciones y su interior; institucionalizar adecuadamente las políticas públicas, la construcción del Estado y la generación de más informes y estudios que enriquezcan el conocimiento de este delito para abordarlo de manera integral, y felicitó a la CNDH porque está haciendo muy bien para no tratar con lenguaje discriminador y equívoco que algunos medios utilizan y revictimizan a los afectados.

También presentaron el Diagnóstico de Trata Teresa C. Ulloa Ziáurriz, Directora de la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC); Mónica Salazar Salazar, Directora General “Dignificando el Trabajo A.C”, y Alejandra Méndez Serrano, Directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos.

El Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas 2019 puede consultarse en la página www.cndh.org.mx

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