OPINIÓN | Probables responsables, libres por fallas en el debido proceso

La reciente liberación de probables responsables de un delito por fallas en el debido proceso han puesto el dedo en la llaga de un problema complejo.

Antes de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la responsabilidad del proceso penal se diluía entre el Juez, el Ministerio Público y la policía (preventiva o investigadora); sin embargo, a partir de junio de 2016, el primer eslabón para que un presunto delincuente sea procesado y sancionado es el policía que lo detiene.

De ahí que su actual denominación sea la de primer respondiente y la importancia de que se encuentren debidamente capacitados y adiestrados en todo lo referente a sus atribuciones, responsabilidades y funciones.

A diferencia del pasado reciente, hoy al policía le corresponde defender su trabajo frente al Juez y en presencia del detenido, su defensa y el Ministerio Público.

Un elemento de la mayor relevancia en el nuevo sistema y que pocos han reparado en atenderlo profesionalmente es la Teoría del caso, hasta que el resultado del trabajo policial se revierte.

Lo anterior exige que el policía preventivo o de investigación desarrolle una estructura lógica que le permita llenar el Informe Policial Homologado (IPH) en forma pronta, coherente y suficiente, articulando tiempo, lugar y circunstancia de la detención.

En el papel y también en el discurso se ve fácil, pero en los hechos no lo es y requiere de muchas horas para que el primer respondiente adquiera los conocimientos y los lleve a la práctica, es decir, que lo hecho hasta ahora con cursos que apenas rebasan las 100 horas para entender y poner en práctica el nuevo sistema es a todas luces insuficiente.

Solo quien no ha estado frente a una sala de juicios orales o en la audiencia inicial del proceso ante el Juez de control, podrá decir que es una tarea sencilla y que cualquier policía la puede realizar.

Para cumplir cabalmente con la función de primer respondiente, es necesario que el policía y militar en funciones de Guardia Nacional reúnan el perfil mínimo de formación académica y no solo aprobar las evaluaciones de control de confianza; ya no se puede improvisar o reclutar cantidad en vez de calidad. 

Hoy es mejor disponer de 200 mil policías que reúnan todos los requisitos, que 300 mil que presenten deficiencias estructurales; es mejor contar con 76 mil elementos de la Guardia Nacional con nivel académico de bachillerato que 140 mil con secundaria, porque sus herramientas serán insuficientes al momento de estar frente al Juez y al detenido. 

Se requiere que el policía entienda de formalismos y conceptos jurídicos, pero sobre todo que los pueda traducir a un lenguaje sencillo que le permita estructurar sus premisas y Teoría del caso, de lo contrario terminará arruinando el proceso y provocando que el detenido obtenga su libertad.

Esto fue lo que pasó con las personas aseguradas el 22 de octubre del 2019 en la colonia Peralvillo de la Ciudad de México, las cuales formaban parte de “La Unión Tepito”, y posteriormente con su líder Oscar Andrés “N” (a) “El Lunares”, detenido el 31 de enero del año en curso en Talcoyuca, Hidalgo, así como con Karina “N”, pareja sentimental de “El Marro”, en el estado de Guanajuato.

En todos los casos la detención no se efectuó donde el IPH y la puesta a disposición indicaban.

Haciendo una analogía con un caso anterior, se puede decir que la misma “medicina” que curó a la francesa Florance Cassez en enero de 2013, fue la misma que permitió que 29 personas detenidas en Peralvillo y la pareja sentimental de “El Marro” (Karina “N”) obtuvieran su libertad, independientemente de que fueran culpables o no de diversos delitos.

La excepción fue Oscar Andrés “N” (a) “El Lunares”, a quien la dosis de “medicina” no le fue suficiente para salir libre y fue reaprehendido al salir del CEFERESO del Altiplano, pero que por lo endeble de la acusación podría obtener pronto su libertad, ya que solo es acusado por secuestro exprés agravado, por el que cobró la suma de 10 mil pesos. 

Lo anterior obliga a voltear a ver a los policías de la escala básica, ya que son el eslabón más débil y fortalecer su capacitación en aspectos como análisis estratégico y táctico, inteligencia, investigación, argumentación, expresión oral y escrita, además del llenado del IPH y Registro Nacional de Detenciones.

No hacerlo y solo buscar culpables, como lo han hecho autoridades federales, estatales y municipales ante los eventos antes descritos, solo retrasa el avance en la profesionalización de la policía.

Lamentarse tampoco es opción; sin embargo, ha sido de lo más socorrido en los últimos días, con tal de eludir su responsabilidad.

Ahora que la Guardia Nacional y que las policías estatales y municipales se encuentran en una etapa de crecimiento, las cosas podrían hacerse bien desde el origen. Así se evitará que se repitan casos tan bochornosos como los antes descritos.

Es preferible que se tarden tres años más en el reclutamiento de policías a que se repita igual cantidad de casos de personas liberadas, sobre todo porque impactan en la credibilidad de la sociedad en sus autoridades y en la moral de los elementos que todos los días salen a enfrentar el crimen con su arma de fuego como única herramienta.

Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”;  cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.