21 de diciembre de 2024

OPINIÓN | Regresa a las calles el que nunca se ha ido, el Ejército

Que la Fuerza Armada permanente asuma el control total de la seguridad pública en México no es una derrota para las áreas civiles, solo es un triunfo más de las fuerzas armadas en este que es su sexenio

Regresa a las calles el que nunca se ha ido, el Ejército

Regresa a las calles el que nunca se ha ido, el Ejército

A la máxima de 100 mil guardias nacionales más y ni un homicidio doloso menos con que cerró el mes de marzo del 2020, habría que agregarle la de “Regresa a las calles el que nunca se ha ido, el Ejército”.

Más que frases, parecen ser las premisas que sustentan el anuncio del “regreso” formal de la “Fuerza Armada permanente” a realizar labores de seguridad pública en apoyo a la autoridad civil, hasta que la Guardia Nacional desarrolle su estructura, capacidades e implantación territorial,  como lo señala el Acuerdo que entró en vigor el día de ayer, 12 de mayo, y que curiosamente se extenderá hasta marzo del 2024, cuando falten 3 meses para las elecciones presidenciales y 6 meses para la toma de protesta del próximo presidente de la República, es decir estarán en las calles casi todo el sexenio.

Algo pasó con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), que terminó exasperando al titular del Ejecutivo Federal a acelerar Acuerdo y como si fuera un partido de beisbol, se subió a la lomita y cambió al pitcher abridor por el relevista de los últimos 14 años, léase el Ejército Mexicano, acompañado de la Marina-Armada de México, para que se hagan cargo casi en su totalidad de las labores de seguridad pública. 

Digo casi porque algunas de ellas las seguirán realizando algunas policías municipales y estatales, con no muchas ganas y capacidades que digamos porque terminarán rindiendo cuentas a las denominadas Mesas de seguridad o de Coordinación para la construcción de la paz, donde el mando operativo lo ejerce totalmente la Guardia Nacional.

Acaso fue que a 11 meses de que se emitiera el Decreto de creación de la Guardia Nacional, esta no fue capaz de alcanzar el estado de fuerza comprometido públicamente y tampoco de dar cobertura a las primeras 150 de las 266 regiones prioritarias en que dividió al país de acuerdo a su nivel de violencia homicida. Es decir, que lo que para el presidente de la República eran 100 mil elementos a finales de 2019, para el titular de la SSyPC 92 mil y para el comandante de la Guardia Nacional 81 mil, resultaron ser poco más de los 52 mil que, por cierto, cobran en la Secretaría de la Defensa Nacional.

Tal vez fueron las presiones del vecino país del norte para dar un giro en la estrategia de seguridad, ya que la de “abrazos, no balazos” no esta dando los resultados esperados del otro lado del Río Bravo; peor aún, las medidas de sana distancia no permiten los “abrazos”, dejando como opción únicamente los “balazos”.

De resultar cierta esta hipótesis, sería el cobro por el apoyo del gobierno estadounidense cuando México pidió que rebajara su producción de petróleo.

O quizá fue el riesgo de violencia, saqueos y robos que se avecinan tras la pandemia y la consecuente pérdida de más de medio millón de empleos, lo que motivó este cambio de señales antes de que las cosas se compliquen.

Cualquiera que sea la razón, la ventaja para el Ejército y la Armada de México es que el control lo tomará rápidamente, ya que los principales mandos de la Guardia Nacional son militares, retirados o en activo, pero militares, comenzando por el comandante y todos los coordinadores regionales y estatales.

En cuanto a los elementos, en su mayoría todavía pertenecen a las policías Militar y Naval, y solo 18 mil provienen de la extinta Policía Federal, pero estos ya cobran en Banjército.

Otra ventaja es que las órdenes para la GN siempre han venido de Lomas de Sotelo, dada su naturaleza militar, y no de Belem de las Flores, como se pensaría por aquello del mando civil, que no es más que discurso político, casi letra muerta. En esta ocasión sí aplica aquel dicho de “el que paga manda”.

No debe perderse de vista que el mando es indivisible y no se comparte con nadie, es vertical y en ese sentido giran las instrucciones; no hay margen para discutir una orden. Las instrucciones se acatan, no se discuten, tampoco se analizan en equipo para ver si son viables o no.

Además, donde todos mandan nadie manda, por lo que todo aquello que suene a coordinación tampoco funcionará, así es que para fines prácticos es mejor un solo mando.

Solo falta ver si las funciones de primer respondiente contempladas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal son cumplidas a cabalidad por todos los integrantes de la GN, sobre todo por el hecho de que la mayoría de ellos fueron reclutados, formados, capacitados y adiestrados para salvaguardar la soberanía y el territorio nacional, y no para proteger y servir a la comunidad como los policías civiles. Los primeros fueron capacitados mental y físicamente para eliminar al enemigo, mientras que los segundos lo fueron para detener a los presuntos delincuentes y proteger a la comunidad.

En síntesis, que la Fuerza Armada permanente asuma el control total de la seguridad pública en México no es una derrota para las áreas civiles, solo es un triunfo más de las fuerzas armadas en este que es su sexenio. Que regrese a las calles el que nunca se ha ido tampoco es una novedad.


Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”;  cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.

 

Facundo Rosas
Ingeniero Facundo Rosas
Su trayectoria incluye el haber sido Director General de Terrorismo de la Policía Federal Preventiva (PFP), Director General de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Coordinador de Inteligencia para la Prevención de la PFP, Subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP Federal, Subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la SSP Federal, entre otros cargos.

Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.

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