26 de septiembre de 2021
Tráfico de armas (Foto tomada de elsemanario.com)

Tráfico de armas (Foto tomada de elsemanario.com)

A finales de julio de 2019 al revisar el avance de cumplimiento del acuerdo migratorio el canciller mexicano, Marcelo Ebrard y el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, un tema que salió a relucir fue el referente al tráfico de armas y la necesidad de atenderlo desde una perspectiva binacional.

Dos años han pasado y las armas de fuego siguen ingresando a México procedentes del  vecino país del norte, donde no solo se producen sino que se importan de otras naciones para finalmente cruzar la frontera con México de manera ilegal.

Lo anterior pese a que ahora las aduanas están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y que la Guardia Nacional tiene desplegados casi 100 mil elementos (la mayoría militares) en todo el territorio nacional.

En términos jurídicos la Ley Federal de armas de fuego, municiones y explosivos es cada vez más estricta, sin embargo dichos artefactos siguen siendo comercializados en el “mercado negro” existente en la frontera norte, así como en las regiones Occidente, Centro y Sur del país, a los cuales acuden los grupos delictivos para abastecerse y estar mejor armados que las policías estatales y municipales que tienen que sujetarse a una serie de reglas tan verticales que terminan dando ventajas a los delincuentes.

Lo anterior pese a que a partir de febrero del 2019, la portación de arma de fuego sin licencia es sancionada con prisión preventiva oficiosa luego de que el Congreso de la Unión aprobara esta medida legal, que tampoco ha marcado la diferencia.

Ante los escasos resultados de los acuerdos en la materia, pero sobre todo el incremento de la violencia homicida en México, autoridades federales interpusieron una demanda ante la Corte de los Estados Unidos en contra de 9 firmas productoras de armas de fuego, acusándolas de negligencia por facilitar el tráfico ilícito y detonar así la violencia en el país.

Dicho en otras palabras, las acusa de vender sus productos a personas vinculadas a la delincuencia sin verificar sus antecedentes, por lo que de manera indirecta son las  responsables de la violencia en México, ya que en promedio el 70% de los homicidios dolosos se cometen con armas de fuego.

Una primera respuesta de las empresas demandadas fue que el gobierno mexicano es “responsable de la violencia desenfrenada” y no ellas.

No es la primera vez que las autoridades federales que enarbolan la 4T buscan culpables en otra parte y no en su propio gobierno; primero culparon a las administraciones pasadas y en particular la extinta Policía Federal de no haber hecho nada para evitar que las armas fueran a parar a manos de los delincuentes, pero al ver que los aseguramientos de este tipo de artefactos fueron mayores en el sexenio de Felipe Calderón que en el Enrique Peña Nieto y de López Obrador, mejor se fueron a buscar culpables a Estados Unidos.

Si bien la demanda a los fabricantes no se resolverá el problema en los próximos meses, dado el peso político que tienen dichas empresas derivado de la enmienda que permite a los estadounidenses adquirir y portar armas de fuego para su defensa personal, por lo menos abrirá la discusión que bien podría llevarse lo que resta del sexenio y así por lo menos tendrá a quien echarle la culpa y justificarse si los resultados en materia de seguridad no llegan. No está mal la iniciativa, solo que no se puede apostar únicamente a este tipo de medidas y por el otro lado seguir con la política de “abrazos, no balazos”.

Lo único cierto hasta hoy es que en materia de armas de fuego ilegales circulando en el país, se sabe muy poco, ya que la mayoría de los estudios parten de evidencia empírica y distan mucho de lo que pasa en la realidad. Quizá los más cercanos son los aseguramientos de armas de fuego y municiones en los últimos 3 sexenios, en los que claramente el más productivo fue el de Felipe Calderón, aunque esto genere incomodidades.

Entre los estudios existentes sobresale uno elaborado por la Cámara de Diputados en abril de 2018, el cual estima que en el país circulan sin control 12 millones 750 mil armas de fuego, mientras que las registradas ascienden a únicamente 2 millones 250 mil, para hacer un total de 15 millones de armas.

Además, en junio de 2019 la página de la organización gunpolicy.org reportó que en México existen 10 millones 500 mil armas sin registro y 3 millones 100 mil con registro, dando un total 13 millones 600 millones de armas.

Si bien estas cifras difieren por 1 millón 400 mil armas, dan una idea sobre el tamaño del “mercado ilícito” que nutre a los grupos criminales que cotidianamente cometen delitos como el homicidio doloso, feminicidio, secuestro, cobro de piso, tráfico de drogas y robo en sus diversas modalidades.

En conclusión, hace falta hacer más estudios y dar mejores resultados al respecto al respecto antes de buscar culpables en otro lado, así estén dentro de territorio mexicano o en los Estados Unidos.

*Las ideas contenidas en este texto son responsabilidad de su autor y no reflejan la postura de News Report MX

Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”;  cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Facundo Rosas
Ingeniero Facundo Rosas

Su trayectoria incluye el haber sido Director General de Terrorismo de la Policía Federal Preventiva (PFP), Director General de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Coordinador de Inteligencia para la Prevención de la PFP, Subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP Federal, Subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la SSP Federal, entre otros cargos.

Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.

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